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El derecho al agua

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Desde el 28 de julio de 2010 la ONU “reconoce el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”.

Los acuíferos subterráneos están considerados por todos los grupos de estudio sobre el agua, como la principal reserva de agua potable de cara al futuro, pero en algunos lugares del mundo, debido a la escasez de agua dulce superficial, se han venido utilizando esos acuíferos subterráneos como única forma de obtener agua para el hombre y sus actividades.

Este es el caso de la Provincia de Almería, donde desde hace años se viene hablando del “déficit hídrico”, o sea, la diferencia entre el agua que realmente consumimos y el agua necesaria para mantener los acuíferos subterráneos. Se ha llegado a acuerdos y se han tomado medidas para cubrir ese déficit, pero cada poco tiempo esa cantidad que se ha tomado como necesaria para no seguir sobreexplotando nuestros recursos ha ido aumentando, debido sobre todo a actividades como la agricultura y el turismo.

Por otro lado está la política privatizadora de las distintas Administraciones, que están propiciando el cambio del agua de derecho a bien, la diferencia es que el derecho es responsabilidad del Gobierno cubrirla, mientras que un bien es objeto de negocio y sabemos que en España si no pagas “el agua” te la cortan y solo quien tiene un certificado de pobreza sigue “gozando” de ese derecho sin pagarlo, o sea, se le está dando el tratamiento mercantilista que hace que pierda su calidad de derecho y eso que en toda la provincia es prácticamente “imbebible”.

En Almería además, tenemos la pujanza de la actividad agrícola que necesita cada día más agua y pueden pagar más dinero, priorizando su necesidad sobre la de la población. De hecho la Desaladora de Balerma, que tenía que dar agua de calidad a El Ejido y Roquetas, entre otras poblaciones, no lo hace pese a que el agua de Roquetas, la última vez que la intenté probar era “difícil de beber” y uno de los requisitos para que el agua sea para el consumo humano es su sabor. Echen cuentas del dinero que se mueve en nuestra provincia por la compra de agua embotellada y se darán cuenta de los intereses e influencias poderosas que hay para que la cosa siga como está, o peor, hasta que no haya agua en los grifos.

Como el agua desalada sale más cara, son los agricultores los que quieren que se ponga un “precio político” para utilizarla mezclada con la de pozos, por lo que vamos a seguir sobreexplotando unos acuíferos que no deberíamos tocar hasta que el río Andarax fuera navegable.

Desde AxSí-Almería instamos a todas las Administraciones a que respeten derechos recogidos en la Constitución, el Artículo 10,2 reconoce la interpretación de todos los derechos fundamentales, de acuerdo a los Derechos Humanos, el Artículo 15 reconoce el derecho a la vida, el 43 el derecho a la protección de la salud...

En estos días que vemos aplicar con crudeza la Constitución para otras cosas, urgimos al Gobierno, la pronta ejecución de todas las medidas necesarias para que el acceso al agua potable y al saneamiento sea en la práctica un derecho y no un bien de consumo.