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Más de 700 familias del Poniente almeriense son propietarios de las viviendas del parque público donde residen
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Más de 700 familias del Poniente almeriense son propietarios de las viviendas del parque público donde residen

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Joaquín Jiménez analiza las políticas de vivienda de la Junta con alcaldes de la zona, que concentra algo más de la mitad de la población de la provincia

Un total de 740 familias del Poniente almeriense han adquirido las viviendas públicas donde residen, que hasta ahora eran gestionadas por la Junta de Andalucía, a través de la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación (AVRA). En esta zona de la provincia de Almería, donde se concentra algo más de la mitad de la población, la Consejería contaba inicialmente con 1.043 viviendas, cifra que a lo largo de los años se ha ido reduciendo gracias a las facilidades ofrecidas para su adquisición hasta situarse actualmente en 303 en régimen alquiler.

Jiménez se ha reunido en La Mojonera con alcaldes y concejales de la zona para analizar la situación actual de la vivienda, la disponibilidad habitacional para dar respuesta a la demanda y los registros municipales de demandantes, encuentro donde se ha puesto de manifiesto que en El Ejido se han contabilizado 1.284 solicitudes de vivienda; seguido de Roquetas de Mar, con 758, y a continuación Adra y Vícar, con 258 y 218, respectivamente.

Esta reunión forma parte de una ronda de contactos que mantiene Jiménez con responsables de los municipios de la provincia para dar a conocer tanto la función social del parque público de viviendas de la Junta, como las herramientas de las que se está dotando el Gobierno andaluz para garantizar el derecho de las familias más vulnerables a través de las medidas contempladas en el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, 2016-2020, el proyecto de Ley de Tanteo y Retracto, la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias en la Contratación Hipotecaria sobre la Vivienda, el refuerzo del Sistema Andaluz de Información y Asesoramiento Integral en materia de Desahucios, así como los convenios con el Consejo General del Poder Judicial y la FAMP para abordar de manera coordinada este problema; y con la SAREB para incorporar al parque público residencial unas 400 viviendas que permanecían vacías y que se pondrán a disposición de las familias más necesitadas a través de un alquiler social.

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