El 19 de julio de 2002 el Ayuntamiento de Gérgal ratificó en sesión plentaria un convenio con la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) dependiente de la Junta de Andalucía, en el que le cedía 5 hectáreas de suelo, que venía a unirse a otras 30 que sí había comprado anteriormente al Consistorio. Fue un particular, Joaquín Márquez Ibáñez, quien denunció el asunto ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ahora obliga a la devolución del terreno al no existir "previo expediente administrativo así como de un informe del secretario y del interventor de la corporación".

Según la sentencia, la alcaldesa socialista Leonor Membrive "sin previo conocimiento ni autorización del pleno, así como con el delegado Provincial de Obras Públicas" hizo la cesión de suelo pero "sin hacer valoración alguna de la cesión y mucho menos acerca del valor urbano así como careciendo de previo informe del secretario e interventor y sin ser sometido a información pública". 

Se da la circunstancia de que, además, ese suelo fue cambiado de calificación una semana antes, ya que a propuesta del grupo socialista se aprobó "la modificación de las normas subsidiarias aprobadas unos meses antes y calificar como suelo residencial 4,8 hectáreas para el polígono industrial dentro de las 30 hectáreas adquiridas por EPSA", según detalla la sentencia. En el texto del TSJA se recoge que al siguiente pleno se lleva el convenio de cesión, y que éste "se había ocultado a la oposición y en el que se pretendía la calificación de 48.000 m2 de uso residencial en siete hectáreas de las 30 compradas y sin el conocimiento de que 5 de esas hectáreas habían sido cedidas gratuitamente a EPSA".

La sentencia, contra la que no cabe recurso, establece que "la adquisición de siete hectáreas mediante permuta con el Consejería de Medio Ambiente para la obtención de suelo para una posterior instalación de un polígono industrial hace que se incorporen ex lege al patrimonio municipal por lo que la cesión gratuita de terrenos municipales es incompatible y nula de pleno derecho".