“Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas.”
Génesis, capítulo 1, versículos 3 y 4

Siempre hay episodios de la actualidad que invitan a uno, cuando no empujan, a volver a leer a los clásicos.

El 4 de mayo publicaba el BORME (boletín oficial del registro mercantil de España), que no la prensa, el nombramiento de Dª Ana Palacio Valle-Lersundi, quien fuera ministra de asuntos exteriores en el gabinete de Aznar, como consejera de Hidroeléctrica del Cantábrico, S. A.

Quiero que conste, estimado lector, que no pretendo, para nada, inmiscuirme en los asuntos internos, y excúseme el poco sutil retruécano, de empresa privada alguna, por muy estratégico y huérfano de competencia de verdad de la buena que sea el sector económico en que desarrolle su actividad. Pero es que siempre me ha llamado la atención esa conjunción de azares que aparea a políticos cesantes y puestos en los consejos de administración de las compañías eléctricas: Palacio en Hidroeléctrica del Cantábrico, Acebes en Iberdrola, Aznar, Salgado, Miquel Roca, Pedro Solbes, David Madí y, hasta diciembre pasado, Luis de Guindos en Endesa…Y es que, al parecer, después de la vida política también hay vida. ¡Y menuda vida! O, por lo menos, nunca faltará un taller de empleo.

Mas, y no me refiero al President Artur, volviendo al objeto de esta humilde opinión, no he podido evitar releer el primer capítulo del Génesis, en donde el autor expone su particular hipótesis acerca del origen del universo, de las especies y, en general, de todo aquello que lo ocupa, así como otro recurrente clásico que todo los meses leemos: el recibo de la luz.

Esta vez he ido más allá, incluso, de la línea que comienza con “total factura” y termina con una cantidad de euros que, ahora que es mensual el recibo, me recuerda bastante a la que había cuando la factura correspondía a un bimestre.

Lo primero que me ha llamado la atención es que, como en toda contraprestación, el importe es gravado con el preceptivo impuesto sobre el valor añadido que afecta a los pagos efectuados por los conceptos de potencia, consumo, alquiler del contador y, ¡oh sorpresa!, el impuesto sobre electricidad. Ahora, tras pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación de los caracteres empleados (primera acepción del verbo transitivo “leer” según la vigésima edición del diccionario de la real academia de la lengua española), intento entender o interpretar el texto (tercera acepción) y lo que alcanzo a comprender es que pagar un impuesto se nos grava con otro impuesto. Tengo la impresión de que tal práctica es ilegal, y no me negarán que cargar con impuestos los impuestos, lo que podríamos denominar como impuesto redundante, es una faena de aliño y desvergüenza fiscal superlativa.

Doy la vuelta al documento y encuentro una serie de gráficos y tablas que contienen información sobre el producto que nos vende Endesa energía XXI, S.L.U., la compañía eléctrica española con más políticos en su consejo de administración, y así, y siempre según los datos aportados por la propia compañía, llegamos a saber que el sistema eléctrico nacional ha explotado apenas un 2.8 % de producción neta total nacional y que el origen de la electricidad que comercializa Endesa energía XXI, S.L.U. está muy por debajo de la media española en el uso de energías renovables (13.9 % frente a 34.0 %, poco más de la tercera parte) y de cogeneración de alta eficiencia (1.5 % frente a 2.4 %) y, por tanto, el impacto medioambiental de la electricidad que consumimos aquí es sensiblemente superior a la media española: 0.31 kg de dióxido de carbono por kwh frente a 0.24 de la media nacional, es decir, un 29.17 % más, y 0.52 mgr de residuos radiactivos por kwh frente a los 0.39 de la media nacional, o sea, un 33.33 % más.

Sería fácil deducir una relación inversa entre eficiencia y número de políticos en consejos de administración de compañías eléctricas, así como otra correspondencia directa entre la nómina de exgobernantes y los daños causados a nuestro ecosistema. Pero yo no lo voy a hacer. Al menos, hoy.

Lo que más ha llamado mi atención ha sido una línea en el anverso del documento, impresa con el tipo de letra más pequeño de los que comparten el pliego y que dice lo siguiente: “Domicilio social: C/ Ribera del Loira, nº 60, 28042-Madrid.”

Tal expresión significa, dilecto leyente, que la energía eléctrica que consumimos en Almería, que es producida en Carboneras, en donde queda el dióxido de carbono que comporta la combustión del carbón que está en su origen, que es transportada por gruesos cables que izan altas torres ancladas al suelo del parque natural de Cabo de Gata y atraviesan Sierra Cabrera, que ese recurso producido aquí es comercializado por una compañía que tiene su sede fiscal en Madrid y, por tanto, tributa en Madrid y contribuye a incrementar el producto interior bruto madrileño, que es uno de los referentes para el cálculo de la participación de las comunidades autónomas en los presupuestos generales del Estado.

Esta relación económica consistente en deslocalizar el aprovechamiento de los recursos y el valor añadido por el mismo era la base de los modelos coloniales que fueron cayendo durante el siglo XIX y la primera mitad del XX y es una de las principales causas de que la distancia existente entre Andalucía y el resto de España, por no hablar de Europa, en todos los parámetros que auscultan la salud económica de un territorio, de una comunidad, lejos de estrecharse, cada día es mayor. Y no, precisamente, para bien. Aunque, claro, nuestros gobernantes, y es el fundamento y raíz de todo, lejos de velar por nuestros intereses, han hecho del poder un fin en sí mismo y dedican todos sus esfuerzos a mantenerse erguidos en él, como si de una tabla de surf se tratara, y si distraen algo de su tiempo de tal menester lo hacen para pensar en el día después, a planificar en qué consejo de administración pueden aterrizar. O en el taller de empleo, que hay de todo en la viña del señor.