Hace poco publiqué mi felicitación a la Policía por su trascendental actuación evitando la “ocupación” del Congreso. Y cierto es que se evitó tamaña transgresión del Estado de Derecho; de lo contrario, aún lo estaríamos lamentando y ofreciendo un anacrónico baldón, insoportable para la democracia.

Si la actuación de la Policía cumplió los objetivos (órdenes) con eficacia, no fue así en los métodos empleados en todo momento y circunstancia. La Policía, como tantas instituciones, es un colectivo formado por individualidades que reaccionan de manera distinta en según qué momento. Y es llegado ese crucial momento cuando las respuestas individuales toman el camino de la heroicidad o la villanía; todo depende de insignificantes detalles en un entorno de angustiosa presión. Pero esto no nos puede hacer perder la perspectiva del papel de la Policía en una consolidada democracia. Ni existe convenido desprestigio de la clase política, ni general aversión a la Policía. No podemos reaccionar en función de singularidades reprobables con extendido y universal repudio al colectivo.

La ocurrencia del ministerio de Interior de prohibir la captación, reproducción, difusión y manipulación de imágenes de la Policía en el desarrollo de su acción pública es un peligroso paso que, en primer lugar, aporta un serio conflicto conceptual. Si el policía es un funcionario pú-bli-co desarrollando una acción pú-bli-ca ¿qué reparo existe para ser publicado? Estas cauciones corporativistas, colisionando gratuitamente con la libertad de expresión, aportan una polémica que señala a sus promotores intelectuales como incapaces de solucionar el problema de fondo.

En caso de conflicto por una denuncia controvertida la ley provee al agente de la autoridad el privilegio de veracidad; pero una cámara, oportunamente enfocada, puede dar un vuelco significativo y dejar a cada uno en su sitio. No son pocos los casos de extralimitación, desproporción o abuso de autoridad que han sido depurados gracias a grabaciones videográficas. Por otro lado, en escenarios de la comisión de un delito, las cámaras, sea de un puticlub o prestigiosa entidad piadosa, son de gran utilidad a la Policía para el esclarecimiento de los hechos.

Prohibiendo las cámaras de los medios de comunicación van a conseguir una inusitada proliferación de episodios en las redes sociales que, con la oportuna manipulación, anonimato e impunidad, agravará el problema.

Los argumentos de salvaguarda de la integridad y el honor del policía no se justifican con la eliminación de las grabaciones. La ley prevé y provee mecanismos de protección, y los periodistas hemos de saber dónde está el límite.

Además, no sólo los policías están expuestos a estas “incomodidades”. Los periodistas –hablo por mi experiencia- hemos sufrido amenazas, zarandeos, sabotaje, insidia, boicot… El mero hecho de llevar un micrófono de una determinada cadena en entorno “hostil” ha supuesto agresiones y humillaciones a trabajadores sin más compromiso que el cumplimiento de su labor informativa.

La prohibitiva ocurrencia del Gobierno es la consecuencia de su propia incompetencia. Son las autoridades políticas las que diseñan y programan las actuaciones en situaciones de alto riesgo; eso sí, con el concurso de algunos mandos que raramente contrarían los deseos de sus superiores. Y así salen las cosas.

La chapuza de un policía “infiltrado” de paisano apaleado en el suelo por antidisturbios gritando ¡ostias, no me peguéis que soy compañero! Consiguió, con el alboroto suscitado, la concentración de la atención de las cámaras y micrófonos. Y, si añadimos el error de instruir en la Audiencia Nacional; la vitriólica reprimenda del juez Pedraz; el oportunismo irresponsable de la oposición política; el ávido comando de la Estación de Atocha… llego a la conclusión de la necesidad de las cámaras para evidenciar los defectos que, con el concurso de todos, han de superarse con inteligencia y serenidad. Nunca la prohibición y el oscurantismo coadyuvan a la libertad y la democracia; muy al contrario, es el cobijo perfecto para el perfecto inútil.