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Arancha Martín: “La Junta de Andalucía ha estado al margen de las obligaciones contraídas con las universidades”

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El diagnóstico que la parlamanetaria almeriense hace de la situación de las universidades andaluzas es grave, ya que se auna la escasez presupuestaria con la mala gestión, a lo que hay que sumar la deuda de 900 millones de euros por impagos principalmente de la Junta de Andalucía, y eso a pesar de que a la izquierda “se le llena la boca” defendiéndola
Además de concejala de Asuntos Sociales en el Ayuntamiento de Almería, Aránzazu Martín es parlamentaria por el Partido Popular, y es portavoz en temas de educación. Por eso, tras la reciente nueva huelga en la Universidad, y tras la rectificación del ministro Juan Ignacio Wert sobre las becas Erasmus, recabamos su opinión sobre estos asuntos.

El 27 de septiembre del año 2000, el Pleno del Parlamento Andaluz aprobó, de forma unánime, la creación de un grupo de trabajo relativo a la situación del sistema universitario andaluz. En aquel momento, todos los grupos parlamentarios estuvieron de acuerdo en que “era necesario poner en marcha un sistema de financiación que corrigiera, especialmente, los desequilibrios económicos de las universidades
públicas andaluzas” recuerda Martín, que haciendo balance señala que “han pasado doce años desde que se creara aquel grupo de trabajo, y no voy a decir, que estemos mucho peor que entonces, no, no seré yo quien diga eso, pero sí es verdad, que las circunstancias y, sobre todo, la gestión del Gobierno andaluz de estos últimos cinco años, muy especialmente, pues hacen que tengamos que pensar todos, y que tengamos que recapacitar, sobre si hemos acertado en el diagnóstico o tenemos que corregirlo”.

La parlamentaria cree que el Consejo de Gobierno “debe más que nunca dar explicaciones acerca del futuro de nuestro sistema universitario andaluz ante la dificilísima situación que se encuentran atravesando, y cuyas universidades se encuentran en una grave crisis económica y social”.

Martín se cura en salud diciendo que la situación actual “no se debe a los recortes del Gobierno central y al Partido Popular” ya que “que toda la legislación vigente en materia de universidades determina que son ingresos de las universidades públicas, además de los procedentes de los de Derecho público y cuantos otros de Derecho público y privado puedan obtenerse, las transferencias procedentes de la Junta de Andalucía, en aplicación del modelo de financiación vigente” y concluye destando que “nuestro Estatuto de Autonomía establece que corresponde a la comunidad autónoma, sin perjuicio de la autonomía universitaria, la competencia exclusiva sobre la financiación propia de las universidades, y sí procede la gestión de los fondos estatales en materia de enseñanza universitaria”. Añade que “es imperativo el mandato estatutario de que la financiación de las universidades corresponde a la comunidad autónoma, que tiene que transferir, puntualmente, las cantidades comprometidas y necesarias para garantizar la financiación de sus programas docentes y de investigación”.

La parlamentaria defiende que para el PP “las universidades públicas son un instrumento trascendental y fundamental en la formación de capital humano y desarrollo económico de nuestra comunidad, y a ellas les hemos encargado el papel fundamental y necesario en el proceso de recuperación económica de nuestro país, pero, muy particularmente, de Andalucía”.

En este punto Martín hace referencia a la izquierda en general, criticando que “se les ha llenado la boca siempre de decir que la universidad pública no puede entenderse como un gasto, sino como una inversión” pero que “las ideas no pueden quedarse tan solo en grandilocuentes palabras; las ideas, cuando se gobierna, y además se cree en ellas, deben traducirse en hechos, y la realidad, es que, durante los últimos años, la Junta de Andalucía ha estado al margen de las obligaciones contraídas con las universidades, especialmente en lo que se refiere a financiación”.

La parlamentaria popular apunta que el problema de la Universidad se fundamenta en tres cuestiones, siendo la primera el incumplimiento del dictamen de universidades; por otro lado, los recortes, año tras año, en el presupuesto de universidad, y, la deuda acumulada, “que asciende a casi novecientos millones de euros con nuestras universidades”. En su opinión, “la labor de las universidades se está viendo comprometida por no recibir la financiación pública necesaria, difícilmente podremos ayudarla en su funcionamiento y alcanzar los objetivos que les estamos encomendando”.

Para Martín, la gestión del Gobierno andaluz en este tema se resume en que “el problema no es el modelo de financiación, el problema está en que si lo creamos, y no lo cumplen, lo convierten en papel mojado”. Afirma que “funcionan a golpe de decretazo” y tras publicar un acuerdo el de 30 de diciembre de 2011, “ en vez de abordar el problema de financiación que tienen las universidades, lo único que hace es posponerlo un año más, hasta el 2014”. Aún así el presupuesto de universidades baja más de lo que lo hace el de la propia Junta, según dice, y además en lo hace en gasto corriente e investigacón.
“En cualquier caso, la realidad del presupuesto para el año 2014 es menos dinero para abordar el funcionamiento básico de la universidad para las nóminas del profesorado, más de cincuenta y ocho millones menos, teniendo en cuenta el grave problema de liquidez financiero que tiene, entre otras cosas, por el impago del Gobierno andaluz” afirma la parlamantaria.

La financiación operativa, vinculada a resultados, donde se incluyen contratos programa que la Universidad firma con la Junta de Andalucía: tesis, criterios de calidad, etcétera, “baja”. También “baja en más de un 83%, la partida destinada a la adaptación del profesorado al Espacio Europeo de Educación Superior, y baja también la financiación operativa de investigación...”
Martín acusa además al Gobierno andaluz de “hacer una trampa que evidentemente, hemos descubierto”. La cuestión está sólo al alcance de los iniciados en materia prespuestaria de universidad, ya que la resume diciendo que “lo que han hecho ha sido subir la partida del 4.2.J, pero, sin embargo, le pegan un recortazo a la del 5.4. A, sobre la que cuelga también presupuesto de universidad”, así “caen los proyectos, grupos y centros I+D, y cae también, en más de un 80%, el programa de I+D+i, Grupos de excelencia”.

La parlamentaria se prgunta si “este es el esfuerzo financiero que la Junta de Andalucía hace en investigación, de la que tanto presume” porque “durante este año no han sido capaces de incentivar los 280 proyectos que contemplaban en la memoria del presupuesto, ¿cómo van a ser capaces de llegar a los 780 que prevén incentivar para este año?”
Pero si poco es el dinero que llega a la Universidad, y se emplea mal según el PP, hay otro factor importante que tiene condenada a esta institución y es la deuda “debido, en mayor medida, a los impagos sistemáticos por parte del Gobierno andaluz y de las transferencias comprometidas”. Aclara la parlamentaria que “el Gobierno central le ha permitido que la Junta haga pago a proveedores con el dinero que ha mandado a Andalucía, por eso ha pagado cien millones de euros a las universidades”.

En el año 2011 los rectores “le dijeron clarísimamente y le hablaron del progresivo deterioro en los niveles de pago de las transferencias comprometidas por parte de la Junta de Andalucía, no acudieron en ese momento ni echaron la culpa ni al Gobierno central ni, por supuesto, al Gobierno del Partido Popular, lo tenían clarísimo que la financiación era comprometida de la Junta de Andalucía”.

La respuesta fue que “juntaron a los rectores, juntaron a los gerentes y, para resolver el pago de la deuda, lo que les planteó fue un grupo de trabajo”, y .”no creo ni que entonces ni ahora la solución a los problemas de la universidad sea tener a los gerentes entretenidos mandándoles papeles a sus asesores y a todos los directores generales para que luego no les hagan absolutamente ningún caso”.

El Partido Popular, afirma la parlamentaria “seguirá luchando para que el futuro de las universidades sea menos negro de lo que es, seguiremos peleando para que las universidades andaluzas consigan esa excelencia que se merecen, para que tengan el presupuesto en investigación al que aspiran, para que tengan la financiación suficiente y no estén al amparo del titular de la consejería de ese momento o de esa fórmula mágica que meten en todas las resoluciones, que habla de las disponibilidades presupuestarias, una fórmula mágica que utilizan para luego no pagar absolutamente nada”. A
La situación es tan gra ve que los proyectos de investigación de excelencia se deben todavía desde el año 2008, afirma Martín, quien recuerda el escándalo que se produjo cuando “este año, sacaron la convocatoria de los proyectos de excelencia de investigación y que, como no habían todavía resuelto los proyectos del año 2012, tuvieron que retirar esa convocatoria” y a día de hoy no se sabe si la sacarán o no la correspondiente a 2013 aunque estamos en noviembre. Del mismo modo, la parlamentaria asegura que el Gobierno central ha sacado ya los proyectos de investigación.

Sobre las becas Talentia recuerda que “la última convocatoria tuvo lugar el pasado 10 de octubre del año. 2012; se cierra el plazo el 23 de noviembre, y resuelven seis meses más tarde, y a eso desde luego, eficacia, eficacia, no es que se le pueda llamar”. Y añade que aún seha convocado la de 2013 por lo que duda que la Consejería pueda cumplir con el objetivo marcado en el presupuesto del año 2013 de incentivar a esos 63 hombres y 83 mujeres.

Llegamos a las polémicas becas Erasmus, y ahí Martín pone sobre la mesa un dato relevante, y es que de la convocatoria del año 2011-2012 no ha sido pagada en su totalidad y que los estudiantes vieron cómo “impunemente, después de volver del extranjero, vieron cómo no se les pagaron”. Ahora anuncia que mantendrá las aportaciones “que no pagan”.

Respecto a los docentes, la parlamanteria asegura que “no han evaluado los complementos autonómicos del profesorado desde el año 2007, por lo que no solo recortan el sueldo del profesorado en un 5%, no solo lo calculan sobre la masa salarial bruta, no solo de la que dispone la Junta de Andalucía, sino que además no evalúan los complementos autonómicos”.

Martín afirma que todo esto son “hechos objetivos que yo le estoy exponiendo, con la suma del presupuesto, con la suma del incumplimiento taxativo del dictamen de universidades, demostramos que
montan un falso discurso en torno a las universidades, en torno al valor humano de las universidades”.

La parlamentaria concluye diciendo que “con titulares, ni comen los andaluces ni, sobre todo, trabajan las universidades”.
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