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Anulan el juicio por el tiroteo del Pub Dulcinea al no haberse permitido declarar a un testigo de la defensa
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Anulan el juicio por el tiroteo del Pub Dulcinea al no haberse permitido declarar a un testigo de la defensa

domingo 25 de marzo de 2018, 10:46h

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La Audiencia de Almería desestimó llamarle aunque estaba en el pasillo esperando

El Tribunal Supremo ha ordenado a la Audiencia de Almería que repita el juicio por el tiroteo del Pub Dulcinea, en la calle Brújula de El Ejido, en el que una persona resultó herida de bala en la rodilla y en el glúteo, y que tuvo lugar el 14 de junio de 2010.

La Audiencia había condenado a los dos implicados a cinco años de prisión, y a uno de ellos además a otro año y medio por tenencia ilícita de armas, a lo que se sumaban 96.000 euros de indemnización a la víctima.

Los hechos comenzaron sobre las nueve y media de la noche, cuando los dos condenados y la víctima se encontraron en el pub, y comenzó una discusión por una deuda de origen desconocido. Como la bronca fue creciendo, el personal del pub los mandó a la calle, y éstos acabaron dirigiéndose a un descampado a espaldas del Colegio Santo Domingo. Fue allí donde uno de los hombres sacó una pistola que llevaba escondida en la cintura del pantalón, por lo que el otro huyó despavorido mientras le disparaban al menos siete veces, impactando una bala en la rodilla izquierda, y otra en su glúteo. A todo esto, el otro implicado gritaba “¡mátalo, primo, mátalo!”.

La víctima, que contaba 34 años de edad, sufrió las siguientes lesiones: dos heridas por arma de fuego, una con orificio en glúteo izquierdo sin salida (con fractura subtrocanterea abierta de fémur) y otra en región suprarrotuliana de pierna izquierda, cuya curación requirió tratamiento médico y quirúrgico que consistió en cirugía con osteosíntesis (clavo PFN largo) y al día siguiente presentó síndrome compartimental en el muslo y hemorragia que precisó una segunda cirugía con desbridamiento, ligaduras de vasos colaterales y transfusiones, invirtiendo en su curación 668 días, 14 de ellos de hospitalización y 500 de ellos con incapacidad para la realización de sus ocupaciones habituales, quedando como secuelas pseudoartrosis del fémur sin infección activa, material de osteosíntesis del fémur, parestesias de partes acras así como una cicatriz de unos 30 centímetros en la parte externa del muslo, notable y con leve hundimiento; cicatrices redondeadas, de 1 a 2 centímetros de diámetro encima de la rodilla y en glúteo; y cojera manifiesta, todo lo cual constituye perjuicio estético moderado en grado alto.

El procedimiento estuvo paralizado entre el día 16 de mayo de 2012, en que el médico forense emitió parte de estado haciendo constar la inasistencia de Adriano a consulta para reconocimiento, y el 30 de mayo de 2014 en que el instructor acordó por providencia librar exhorto a los Juzgados de Granada para la emisión por el forense de partes de estado e informe de sanidad del lesionado, quien se encontraba preso por otra causa en el Centro Penitenciario de Albolote.

Al comienzo de la vista del juicio, el letrado que ejercía la defensa, que sustituyó a otro anterior que no había propuesto al formular sus conclusiones provisionales prueba alguna, solicitó del Tribunal se admitiera como prueba la declaración de un testigo, “que debidamente documentado, se encontraba ese día en las dependencias del palacio de Justicia, en el pasillo contiguo a la sala de vistas”. Sin embargo, el Tribunal denegó tal propuesta.

Considera el recurso que la declaración testifical propuesta era pertinente y necesaria, porque Ceferino es la persona que presenció la discusión previa entre los acusados y la víctima. Y vio como éste último y el otro acusado se marcharon hacia un descampado, mientras que el identificado como autor de los disparos se fue hacia su casa, momento en que el testigo lo recogió con su coche y lo acompañó hasta su domicilio. “Se trata de un testigo que declaró ante la policía (f. 482, tomo II) y en la fase sumarial (f. 501, tomo II), cuyo perfil genético apareció en el vehículo implicado (f. 466, tomo II), y que considera esencial” porque acompañaba al condenado inicialmente justo en el momento de los hechos enjuiciados.

Tampoco se permitió a la defensa proponente consignar en acta las preguntas que habría formulado a este testigo, que en su caso habrían versado sobre lo que sucedió en los minutos posteriores a la discusión en el bar; y si encontró a Juan Ignacio en las inmediaciones de ese establecimiento y lo acompañó a su casa, quedándose en el lugar de los hechos la víctima y el otro acusado.

Por último, indica que no se permitió a la defensa proponente consignar en acta las preguntas que habría formulado a este testigo, que en su caso habrían versado sobre lo que sucedió en los minutos posteriores a la discusión en el bar; y si encontró a Juan Ignacio en las inmediaciones de ese establecimiento y lo acompañó a su casa, quedándose en el lugar de los hechos la víctima y el otro acusado.

El Supremo destaca que “ahora en casación no podemos más que constatar que la prueba era además de pertinente, razonablemente necesaria (no podemos anticipar su resultado: ciertamente es posible que al final no altere lo que ha considerado acreditado el Tribunal; pero tenemos que contar con que introduzca otro elemento apto para variar ese juicio). Asimismo, era posible y no puede achacarse su no práctica a actitud negligente de la parte”.

También añade que “Es cierto que la estimación del recurso y la consecuente nulidad aumentará aún más demora en la finalización del proceso. Pero es una cuestión que el Tribunal de instancia hubo de sopesar antes de rechazar una prueba que, como hemos dicho, con arreglo a la jurisprudencia de esta Sala anterior al enjuiciamiento, fue propuesta en condiciones admisibles, de incuestionable importancia para la defensa, y de fácil práctica, ya que el testigo se encontraba en la sede del tribunal. Ni siquiera puede argüirse que se trataba de un testigo sorpresivo, cuando el mismo había intervenido en varias ocasiones en la instrucción. Por el contrario, persistió en su negativa una vez la defensa reiteró su petición una vez concluida la práctica de toda la prueba testifical, presente también en ese momento el testigo en dependencias judiciales, rechazando la posibilidad de hacer uso de la facultad que propicia el artículo 729 LECRIM.”
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