ISSN 1989-8630 **
26 de mayo de 2020, 2:04:53
Provincia


El Ayuntamiento de Carboneras exigió a un vecino el IBI de 146 fincas cuando en realidad sólo poseía 22


El empresario y arquitecto Alain Cacoub solicita una millonaria indemnización por que se considera víctima de las decisiones del anterior alcalde socialista Cristobal Fernández





La sociedad del empresario de origen francés y vecino de Carboneras Alain Cacoub, exige al Consistorio una indemnización de 11.452.595,37 euros, ya que las decisiones del anterior alcalde, el socialista Cristobal Fernández le supusieron la quiebra según adelantó Actualidad Almanzora.

La quiebra de Carboneras Playa SA por el Juzgado Número 1 de Vera el 25 de marzo de 2002 lo fue a instancias del Ayuntamiento de Carboneras, que partía de una deuda exigida de 50.286,22 euros en concepto de IBI, pero según se documenta ahora, se sustentaba en varias falsedades.

Para cobrar esta cantidad, se acordó en la junta de gobierno reunida el 11 de febrero de 2002 solicitar al juzgado la declaración de quiebra de esta sociedad. La decisión fue ratificada por el Pleno Municipal el 11 de septiembre de 2002 con los votos de los ediles del PSOE, el voto en contra anunciado por los cuatro representantes del PP, que abandonaron la sesión antes de la votación, y la abstención del concejal IU.

Apoyándose en una posible suspensión de pagos de Carboneras Playa SA que jamás llegó a producirse, el entonces alcalde quiso adelantarse instando a pedir la quiebra ante el juzgado, un hecho insólito.
La deuda reclamada en su mayor parte corresponde al IBI, pero los datos manejados por el Ayuntamiento eran voluntaria o involuntariamente inexactos.

El Consistorio atribuía al propio empresario como persona física y a las empresas que administraba, Carboneras Playa SA y Colina Mar SA, un total de 146 liquidaciones del IBI no abonadas, sumando un total de 82.885,l88 euros.
De los 146 recibos imputados al empresario y sus mercantiles, 56 correspondían a Carboneras Playa SA, si bien sólo 13 de estas reclamaciones concernían realmente a la sociedad.
Para mayor detalle, el informe elaborado el 20 de mayo de 2013 por el ingeniero agrónomo Alejandro Caballero Real concluye que “de las 146 liquidaciones imputadas a Carboneras Playa SA, Colina Mar SA y D. Alain Pierre Cacoub, 67 liquidaciones correspondían a inmuebles sitos en otras provincias (Madrid, Barcelona, Asturias, Canarias, Cuenca, Toledo, Las Palmas, Huesca, Granada, Zamora, Lugo, Cádiz, Lérida, Albacete, Castellón, Teruel, Cáceres, Ciudad Real, etc.); 5 liquidaciones no correspondían a ninguna finca existente en España; y 43 liquidaciones correspondían a otros propietarios”.

Añade el informe que, “en concreto, en relación con Carboneras Playa SA, 9 liquidaciones se refieren a inmuebles de terceros no situados en el municipio de Carboneras, ni siquiera pertenecientes a la provincia de Almería; 1 no corresponde a ninguna finca existente; 33 no corresponden a inmuebles titularidad de la mercantil; y, en definitiva, sólo 13 de las 56 liquidaciones que se le reclamaban correspondían a bienes de la sociedad”, aclarando además que “incluso algunas de éstas [13] se encontraban cedidas, no siendo ya Carboneras Playa SA titular de las mismas”.

Ello implicaba que la deuda que el Ayuntamiento de Carboneras tomó en consideración a la hora de instar la quiebra de Carboneras Playa SA no tenía justificación alguna. El mismo informe del ingeniero agrónomo Alejandro Caballero Real señala que de los 50.286,22 euros de deuda imputados a la mercantil “sólo le correspondían 10.902,29 euros”, es decir, “el 21,6% del total” reclamado. Dicho de otra forma, “el 78,4 % de las liquidaciones no se correspondían con la realidad”.

No queda ahí el asunto puesto que en el escrito registrado recientemente en el Ayuntamiento por el empresario y arquitecto Alain Cacoub en el que se exige una satisfacción económica (Reclamación Administrativa previa a la vía judicial) de 11.452.595,37 euros por daños y perjuicios, se subraya que “tras extensos trabajos de aclaración y ajustes desde el 4 de abril de 2012, con la Delegación del Catastro en Almería, se ha resuelto que únicamente 4 inmuebles –y no 13- pertenecían a la sociedad […] quedando 3 en curso de investigación y aclaración”.
Se resume por tanto en base a la documentación aportada y reforzada con informes de la Oficina del Catastro de Almería, que a Cacoub y sus dos sociedades se le tramitaron el cobro del IBI de 146 fincas cuando en realidad no les correspondía más que de 22 como máximo.
“Resulta de trascendente consideración –explican los representantes legales del arquitecto-, cómo el Excmo. Ayuntamiento de Carboneras utilizó de forma artificiosa la existencia de una deuda no ajustada a derecho para instar la quiebra”.
La sorprendente decisión municipal de requerir la quiebra basándose el entonces equipo de gobierno en la hipotética incapacidad de Cacoub para hacer frente a sus obligaciones fiscales con el Consistorio carbonero, queda también en entredicho en el informe que el cuatro de mayo de 2004 emite el comisario de la quiebra designado por el juzgado, Roberto Caro de Sola.

Según el comisario –que refleja una tasación hecha de los bienes de Carboneras Playa SA- el valor de las propiedades de la sociedad ascendía a 14,2 millones de euros, mientras que la deuda con las administraciones públicas sumaba sólo 54.656,85 euros (50.286,22 euros al Ayuntamiento y 4.370,63 euros a la Diputación).

Bien es cierto que Carboneras Playa SA tenía en ese momento otras importantes obligaciones de pago con particulares y entidades financieras, pero así incluso, siendo éstas de 3,5 millones de euros, el Coeficiente de Garantía de la sociedad (la garantía que tienen los acreedores de cobrar sus créditos) era de 4 euros por cada uno que debía, de lo que se desprende que no había causa justificada para declarar quiebra.

Cabe subrayarse que los esfuerzos del arquitecto Cacoub por hacer valer sus razones ante la Oficina Catastral fueron importantes y tempranos, pero no dieron ningún resultado.

El 21 de diciembre de 1994 relata en un documento dirigido al Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Almería que “habiéndonos personado el 19 de diciembre en su oficina” para “tratar de identificar” un conjunto de fincas, “se ha podido comprobar que las citadas fincas no existen, por los cual tiene que ser un error y les solicito que rectifiquen lo que hay que rectificar”.

Apenas cinco meses después, el 4 de mayo de 1995, Cacoub vuelve a dirigirse por escrito a la Oficina Catastral “para señalarles que nos hemos dado cuenta de que desde muchos años hemos recibido y pagado numerosos recibos de Contribución Urbana que corresponden a parcelas –se reflejan un total de 63- que nunca han sido de nuestra propiedad […] o han sido vendidas a terceros […] por lo cual le rogamos: 1: Subsanen la titularidad de todos los recibos referidos poniéndolos a nombre de los propietarios de las parcelas que corresponden. 2: Que nos devuelvan los importes, incluidos los apremios cobrados indebidamente. 3: Que desistan de las reclamaciones de pago en fase de apremio o futuras que no nos corresponden”.

Los ruegos del empresario nunca fueron atendidos. Muy al contrario el Ayuntamiento continuó girándole recibos acumulando deuda y desembocando en la quiebra decretada por el Juzgado Número 1 de Vera a instancias del gobierno de Cristóbal Fernández. No quedó ahí la cosa. El mismo juzgado llegó a dictar “orden de búsqueda y captura” y “arresto domiciliario” contra Cacoub.

Para el ingeniero agrónomo Alejandro Caballero Real, que contratado por Alain Cacoub conoce de cerca el caso y ha tratado de poner orden en este potaje de deudas derivadas de fincas inexistentes o fuera del término municipal, e incluso situadas en otras provincias españolas, que en su inmensa mayoría no pertenecen ni pertenecieron nunca al empresario francés afincado en Carboneras, “esto es un caso extremo, excepcional y único digno de estudio. Cuando Alain me lo contó y empecé a comprobar datos para elaborar un informe no daba crédito, no podía creer lo que estaba viendo. Para mí era escandaloso”.

Según los representantes legales del empresario, Cacoub trató en 1994, a raíz de recibir los primeros recibos de IBI del Ayuntamiento de Carboneras, de aclarar las cosas ante el Consistorio, la Diputación y la Oficina Catastral sin éxito alguno. “Nadie le hacía caso, de una administración le mandaban a otra y en el catastro, por aquellos años, no alcanzaban a casar los datos registrales con los de sus registros, lo que hacía imposible desliar la maraña que desembocó en la quiebra decretada por el juzgado” a instancias de un gobierno municipal donde, así al menos corría por el pueblo, algunos de sus dirigentes eran claramente desafectos a Cacoub.
El equipo de Cristóbal Fernández llegó a aprobar también la solicitud de nuevas quiebras para Colina Mar SA, y para el propio arquitecto como persona física –basándose de nuevo en multitud de recibos de IBI que no le correspondían-, que finalmente no llegó a presentar ante la autoridad judicial.
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