Juan Megino | Domingo 18 de enero de 2015
Desde la llegada el pasado año de Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE y hasta la fecha, no se venía manifestando como un verdadero hombre de Estado, en consonancia con la enorme responsabilidad asumida al frente de una Partido de Gobierno y que, en puridad democrática, podría aspirar en el futuro a gobernar España.
Esta falta de talla se puso de manifiesto casi al principio de su mandato, no respetando los acuerdos asumidos por su antecesor, Sr. Pérez Rubalcaba, para la elección del Presidente del Parlamento Europeo, consensuado entre los grandes grupos de la Cámara, el Popular y el Socialista, alineándose en la votación con Grupos antieuropeos e incluso antisistema.
Posteriormente, dejó solo al Gobierno ante posibles acuerdos para una Ley de transparencia que ayudara a sanear la vida pública y política ante los ojos de tantos y tantos españoles, defraudados y desilusionados por la corrupción que nos invade.
Su posición irresponsable respecto a la aplicación del artículo 35 de la Constitución, modificado a petición del PSOE y consensuado entre el Sr. Rodríguez Zapatero, en su momento Presidente del Gobierno, y el Sr. Rajoy, líder entonces de la Oposición y aspirante a la Presidencia, modificación que impone por Ley un límite en el gasto a las Administraciones Públicas, condición lógica y. además, de obligado cumplimiento por exigencias de nuestros socios europeos, habla negativamente de su capacidad para asumir compromisos claramente de Estado.
Algunas ocurrencias, puntuales como la sugerencia de suprimir el Ministerio de Defensa, muestran actitudes erráticas, especialmente en los momentos actuales en donde todos los países occidentales están amenazados por una internacional terrorista.
Como no hay regla sin excepción, Pedro Sánchez sí ha estado ahora a la altura adecuada, trabajando con el Gobierno para consensuar una serie de medidas, que serán plasmadas por vía de urgencia en una Ley orgánica, para hacer frente a la amenaza terrorista, de un modo especial la yihadista, cuya manifestación más reciente ha sido la semana pasada en París, pero que ya tuvo los momentos culminantes con el atentado a las Torres Gemelas de Nueva York, los atentados a los trenes en España en Marzo de 2004 o el ataque terrorista a autobuses en Londres.
No se trata, por tanto, de legislar en caliente que a algunos no gusta. Se trata de una necesidad que garantice mayores márgenes de seguridad y cuya implantación debe ser desgajada de otra serie de medidas previstas en el Código Penal, en aplicación de la Ley de Seguridad actualmente a debate en el Senado.
Sería deseable que este Pacto de Estado alcanzado, se hiciera extensible al resto de las fuerzas políticas por los riesgos globales que asumimos frente a este terrorismo, cuestión que debiera primar sobre cualquier otra cuestión.
Bienvenido el consenso, y este debiera ser el camino siempre que los intereses generales estén en riesgo frente a los partidistas.