Rafael Salazar | Martes 03 de febrero de 2015
Dos ideas han centrado la gestión de gobierno de Izquierda Unida en las Consejerías que ha dirigido durante 32 meses en la Junta de Andalucía: la de ponerse del lado de la gente y la de apostar por los ayuntamientos como administración más próxima al ciudadano.
Dos ideas que han impregnado al conjunto del gobierno andaluz de forma clara mientras el PSOE no entró en crisis, y frente a los obstáculos de la ralentización forzada por la Sra. Díaz desde que la crisis del PSOE la llevó a sustituir al Sr. Griñán.
De la primera de las ideas da fe esa sencilla explicación que yo mismo daba hace ya casi dos años en algún medio: si la política de asfixia financiera del gobierno central obliga a bajar el presupuesto, garantizaremos que los servicios esenciales se mantengan, aunque dejemos de invertir. Esa es la razón por la que los presupuestos de las consejerías de Salud y Educación suponen en este año el 83% del presupuesto de la Junta de Andalucía. Y explica cabalmente por qué todo lo que en mayo de 2012 era público en Andalucía lo sigue siendo en enero de 2015, a pesar de la brutal ofensiva austericida de Merkel y su gobierno delegado en Madrid.
Y es en ese ámbito, de ser gente, mayoría social, que desde IU creamos las oficinas de defensa de vivienda, para acompañar a personas amenazadas de desahucio, y que elaboramos el decreto-ley de servicios mínimos, largamente parado por la Sra. Díaz, pero preparado, sólo pendiente de firma por el gobierno andaluz.
La apuesta por los ayuntamientos es tan meridiana como se desprende de la lectura del agregado del Plan de Cooperación Municipal: El PFEA ( PER antiguo) moviliza en la provincia de Almería más de nueve millones de euros destinados fundamentalmente a crear empleo en el medio rural, contribuyendo a frenar el despoblamiento de los pequeños municipios de nuestra geografía; el Plan de Ayuda a la contratación ha entregado a los ayuntamientos de la provincia más de tres millones de euros para contratar personas en riesgo de exclusión social; el programa de empleo joven ha entregado a los ayuntamientos de la provincia más de 13 millones de euros para contratar jóvenes parados; el programa de empleo para mayores de 30 años ha dotado a los ayuntamientos de la provincia con más de seis millones de euros para contratar desempleados de larga duración; Andalucía se mantiene como la única que garantiza la participación de los ayuntamientos en los ingresos tributarios de la Comunidad Autónoma, destinando a los de la provincia de Almería más de 48 millones de euros en este concepto.
Esta lectura muestra, además, una obsesión por apoyar desde la Junta la creación de empleo, de la que se han beneficiado, en los distintos planes puestos a disposición de los ayuntamientos almerienses, no menos de quince mil personas.
Más allá de las fotos, los hechos son esta apuesta decidida de IU por el municipalismo empujada por la Consejería de Administración Local que ha dirigido Diego Valderas. Esa apuesta que llevó a la promulgación del Decreto-Ley de aplicación en Andalucía de la Ley estatal 27/2013, que cercenaba las competencias municipales; frente al brutal ataque a la autonomía municipal de la ley del PP, el Decreto andaluz, en uso de las competencias del Estatuto de Autonomía, fija que las competencias ejercidas antes de la ley estatal “continuarán siendo ejercidas”, salvando así las competencias de los ayuntamientos en promoción de salud, protección de consumidores, turismo, promoción cultural, deporte, educación, desarrollo económico…
Esas dos ideas son las que se truncan con el cambio de socio del PSOE, que pacta con el PP no sólo el reparto de sillones en la cámara de cuentas, sino el frenazo a las iniciativas de izquierda del acuerdo de gobierno firmado en 2012, y que debían ver la luz en el último año de legislatura: ley de protección de consumidores de hipotecas, ley de servicios sociales, decreto de suministros vitales, entidad pública de crédito; iniciativas todas ellas contra las que han trabajado los lobbys del sector energético, de servicios y financiero. Ese giro copernicano plantea dudas acerca de cómo ambos partidos interpretarán, si logran algo de poder en las elecciones municipales, el decreto de defensa de las competencias locales, tan ansiadas como botín por las multinacionales de la basura o la distribución de agua.