Juan Megino | Domingo 15 de febrero de 2015
Llevamos demasiado tiempo pendiente de la instrucción de la juez ALAYA, deseosos de la culminación de un proceso que en Andalucía, a la inmensa mayoría de personas de bien, nos llena de vergüenza.
En el caso de los ERE, lo que era cuestión de “cuatro golfos”, se ha convertido en centenares de imputados, y lo que era una cantidad indeterminada de dinero defraudado y malversado, se ha convertido en casi 1.000 millones de Euros destinados a resolver problemas de los andaluces en situación de auténtica necesidad.
En este marco de corrupción galopante, con ramificaciones políticas y empresariales, se puso en marcha la Operación EDU, por el aparente uso fraudulento de fondos de formación para desempleados, dirigidos a actividades formativas que aumentaran su cualificación para competir en un mercado laboral complejo y escaso, con más de un millón de parados y miles de millones de Euros en juego.
En este contexto, se ha puesto en marcha la Operación EDU COSTA, con el mismo objetivo de seguir la pista a centenares de millones, si no más, destinados a los cursos de formación. Esta operación está afectando a casi la totalidad de las provincias andaluzas y, naturalmente, a Almería.
Obviamente, la enorme cantidad de tentáculos de la operación que nos asfixia, lleva consigo que la conclusión de la instrucción judicial de la Sra. Juez, va a sufrir un nuevo retraso en su culminación.
Somos muchos los andaluces que estamos deseando que esta trama, aparentemente urdida desde la propia Administración, vaya acabándose con resultados concretos, y aquellos que se han llevado el dinero “calentito”, empiecen a pagar por sus culpas y, en gran medida, puedan devolver lo defraudado, que es dinero de todos los andaluces. Sería deseable que la campaña preelectoral y electoral en que estamos inmersos en Andalucía, no retrasara ni un solo día la clarificación de estos procesos de verdadero latrocinio de fondos públicos.
En Andalucía, la Junta y los máximos responsables de la gestión de ese dinero de TODOS, debieran salir a la palestra, dando la cara y no escudándose en ninguna otra Administración o minimizando el escándalo. En Andalucía, el PSOE nos gobierna desde siempre, por tanto, es el único responsable, con todos sus dirigentes, de lo que ha sucedido en los últimos 10 o 15 años, no pueden mirar hacia otro lado ni ignorar lo sucedido. Ha sido una pena el comportamiento de IU y PSOE, no permitiendo las necesarias Comisiones de Investigación, en las cuales se dilucidaran las responsabilidades políticas a que hubiera habido lugar.
Ante ello, solo nos queda la JUSTICIA, único camino para recuperar la confianza en las Instituciones, con actuaciones ejemplares y que ya debieran ir culminándose.