Soluciones urbanísticas

Es público y notorio que aprovechando el boom urbanístico de hace unos cuantos años ¿y por qué no decirlo? utilizando Ayuntamientos, fundamentalmente del levante almeriense, poco rigurosos, cuando no claramente negligentes, se construyeron miles de viviendas en suelos no urbanizables que, posteriormente, fueron vendidas a compradores bien intencionados, no obligados a conocer las normas urbanísticas al uso y que, de un tiempo a esta parte, realizan intentos de regularización.
Durante una serie de años los compradores, repito, bien intencionados, vienen sintiendo sobre sus cabezas el peligro de la demolición, en cumplimiento de resoluciones de Disciplina Urbanística e incluso, algún ejemplo de demolición efectiva ha habido, especialmente doloroso, que dió en su momento, la vuelta a España, con repercusión internacional, especialmente en el Reino Unido.

En estos días se publica que el PSOE, a través de las correspondientes enmiendas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, ha logrado, con el consenso unánime de todos los Grupos Políticos, que esas viviendas, claramente irregulares en clave urbanística, si han de ser demolidas por imperativo legal, antes de ese hecho, los propietarios tendrán derecho a ser indemnizados. Felicidades al PSOE y a los Grupos que han apoyado la iniciativa, pero, en mi modesta opinión, no es la solución urbanística más adecuada.
Si se habla de más de 1.000 viviendas, construidas fundamentalmente en urbanizaciones integradas, la solución más sencilla, la menos traumática, sería la legalización por un evidente interés social, a través de modificaciones globales o parciales de los Planes Generales de Ordenación Urbana de los Ayuntamientos afectados, interés social ampliamente utilizado en esta provincia cuando ha convenido. Unos cuantos ejemplos podíamos poner, incluso forzando la norma.
Evidentemente, habría unas obligaciones previas, de cumplimiento exigible a promotores y constructores de las viviendas, para convertir el suelo en urbanizable o urbano, dotando a los espacios de los correspondientes servicios de alumbrado, saneamiento, redes de agua, etc es decir, el conjunto de servicios que justifican determinar un suelo como urbanizable.

Es evidente que la Junta de Andalucía, auténtica responsable del desaguisado urbanístico como celadora de la Ordenación del Territorio, estaría obligada a colaborar con los Ayuntamientos, con las modificaciones legislativas necesarias, e incluso facilitando créditos blandos para aquellos promotores escasos de recursos.
La solución alcanzada, y vendida a bombo y platillo por el PSOE, no se si habrá satisfecho totalmente a los afectados, pero lo que si es seguro es que continuará siendo una fuente de conflictos, toda vez que difícilmente van a estar de acuerdo con los justiprecios impuestos, y muchos, no podrán con esas indemnizaciones reponer propiedades semejantes en suelos urbanos o urbanizables, siempre más caros. Estas parecen soluciones urbanísticas simplistas, pero, sin lugar a duda, efectivas.