Para recaudar más

Con un sueldo medio de 80.000/90.000 pts., el precio de una vivienda de 90 m2 útiles, con zonas recreativas y piscina, era de 2.450.000 pts., equivalente al salario de veintisiete o veintiocho meses. Menos de dos años y medio. Durante la burbuja, con un sueldo medio de 900/1000 euros, el precio de esa misma vivienda subió por encima de los 240.000 euros. El de un piso de 120 metros, en zona de lujo llegó a superar el millón de euros. El salario de mil doscientos meses. Vueltos al anterior, 240.000 euros, es el salario de 270 meses. Verdadera y brutal diferencia, que explica la burbuja y su estallido. Lo inexplicable es que no reventara antes.

En aquel mismo tiempo, no tan lejano, el importe de alquiler de una vivienda difícilmente llegaba al veinte por ciento del sueldo medio. Hoy, después de algunas leves bajadas, el precio de una vivienda de 70m2, en un barrio alejado del centro, supera ampliamente el sesenta por ciento y, en ocasiones lo iguala y hasta lo llega a superar. “Rompe el saco” la ambición egoísta de percibir un sueldo con el alquiler de una sola vivienda y hace comprensible la dificultad de muchas familias para enfrentar su pago. Lógico error de cálculo porque, con la mejor intención posible, ningún sacrificio impuesto facilita la necesidad de contar con un techo. No es cuestión de “medir posibilidades”, ni de exigencias ni seguros; es que el propósito de sacrificio es incapaz de superar la barrera impuesta por unos precios capaces de anular el derecho constitucional.

Derecho pervertido y conculcado por la Administración: a la ausencia de vivienda pública asequible, se suma su voracidad recaudatoria para mantener altos los precios en beneficio de los profesionales de la especulación. Dudoso beneficio, porque, pese a lecturas interesadas a la venta de unos cuantos chalet en la costa, la única forma de bajar el altísimo “stock” de viviendas vacías es bajar precios. Quedan propietarios engañados por su avaricia, que mantienen precios desorbitados, pero, quienes quisieran bajar, se encuentran frente a la voracidad de la Administración: indiferente al derecho a habitar una vivienda digna, se limita a elevar el ingreso por IBI y sucesiones, supervalorando los inmuebles. Mantener precios inflados “protege” a bancos para que vendan su cartera en el exterior.

Escandalosamente lamentable que muchos propietarios se vean imposibilitados de bajar el precio de sus viviendas y edificios para facilitar la venta, ante el superior gravamen al que se ven sometidos, porque Hacienda, arbitrariamente, les tiene asignado un importe más alto, al que se aferran ayuntamientos y diputaciones en busca de mayores ingresos. El Fisco no reclama un porcentaje lógico del precio real actual de venta, sino otro, muy elevado, sobre el aplicado por ellos mismos, superior a ese valor real actual. Vergonzosamente lamentable que la voracidad recaudatoria impida bajar precios. Quizá no hace falta ser corrupto para que el derecho a una vivienda quede por debajo de la ambición administrativa, aunque algo tiene que ver. En consecuencia: ¿quién es responsable de que el precio de la vivienda se mantenga tan por encima de su valor real?