Almería defiende su PGOU

La decisión de la Junta de Andalucía de suspender el Plan General de Ordenación Urbana de Almería no es sino una prueba más de la falta compromiso del Gobierno regional hacia la resolución de los grandes retos y proyectos de esta ciudad. La redacción de este documento, después de doce años de trabajo, sigue sin satisfacer a los políticos de la Junta, a pesar de que en ese periplo para su aprobación definitiva se han seguido dictámenes, resoluciones y los preceptivos informes y recomendaciones sugeridas. Vamos, que bien podría decirse que el PGOU es el Plan General que ha exigido la Junta.
Su ‘excusa’ para suspender el documento se ha fundamentado en la insuficiencia hídrica para satisfacer los nuevos desarrollos, incluyendo en su decisión el planeamiento aprobado en el año 98. Un auténtico varapalo al desarrollo urbanístico y económico de esta ciudad que espera la aprobación del documento para, entre otras aspectos, poner en valor nuevos suelos industriales, con los que no contamos, suelos productivos o la regulación urbanística de barrios como Castell del Rey y otras actuaciones de calado en la ciudad consolidada.
¿Imaginan una decisión similar, por ejemplo, en Sevilla o con otras siglas diferentes a las actuales al frente del Ayuntamiento de Almería? Llámenme ingenuo si pienso en lo contrario. Quiero insistir en la justificación en la que ha escudado la Junta socialista su decisión de suspender el PGOU. Ese no es el problema, como tampoco lo es la solicitud de las concesiones de los pozos de Bernal. Su decisión no la comprendemos ni en el fondo ni en la forma. En el contenido de los informes emitidos por la Junta, entendemos, hay margen favorable al menos para una aprobación parcial del mismo, por debajo incluso de las legítimas aspiraciones que tenemos como ciudad.
A la decisión de la Junta ahora se acompaña una “instrucción” que de forma conjunta a todos los planes generales se realiza con el objetivo de “reconducir” el documento. A partir de ahora toca seguir, actuando con la mayor de las responsabilidades y con todas las garantías jurídicas, porque así lo merecemos los almerienses y nuestro tejido productivo para impulsar y estimular la llegada de nuevas inversiones. Mano tendida y colaboración, siempre, pero con la seguridad jurídica necesaria que tendrá que acreditar en sus decisiones la Junta de Andalucía.