No puede ser que el único titular que quede de la Comisión de Investigación por las subvenciones de los Cursos de Formación para el Empleo otorgadas por la Junta de Andalucía, sea que el marido de la presidenta Susana Díaz “es un tieso”, pero de eso quien tiene la culpa es el Partido Popular, que focalizó en él todo el caso.
La Comisión que depura responsabilidades políticas en un asunto que investigan más de una decena de juzgados, ha tenido la importante utilidad de permitir que conozcamos como ha funcionado el sistema de subvenciones, y también como lo hace la propia estructura administrativa de la Junta de Andalucía y el Consejo de Gobierno. Y de ahí sí que se deducen responsabilidades políticas.
Es sorprendente el poco interés que los comisionados han mostrado por el origen del problema, y es que resulta un contrasentido subvencionar a empresas para que impartan cursos de formación bajo la premisa de que no puede existir lucro en dicha prestación. Si no podían obtener beneficio es incomprensible que estuvieran dispuestas a hacerlos, y que además los pidieran año tras año, que ese fuera su único objeto mercantil.
Nada se sabe de quién fue el responsable político que tomó esa decisión clave, como tampoco se ha indagado en quién no modificó las fechas de justificación, ni en quién promovió la “justificación alternativa”, otros dos elementos fundamentales en el fraude. Y es que la fecha de presentación de la documentación justificativa coincidía con la del último día del visto bueno a la misma, por lo que si se presentaba apurando el plazo, era materialmente imposible revisarla en condiciones… y eso había quien lo sabía, y se aprovechaba.
Para solucionar este problema que habría dejado a muchas entidades sin nuevas subvenciones –no por culpa de ellas, si no de la administración que no puede visarlas- se ideó que quien daba la ayuda certificara que se había cumplido, y por tanto pudieran cobrar el 25% restante y volver a pedir.
Por último, se cogió la posibilidad de la exceptuación, que era un mecanismo legal para casos excepcionales, y se convirtió en norma, de tal manera que por la firma del consejero se exoneraba a las entidades de presentar la justificación de la subvención como requisito para poder acogerse a nuevas ayudas. Algo excepcional se hizo norma, algo individual se aplicó de modo colectivo, en nombre del "bien general", los desempleados, precisamente aquellos a los que se les hurtaba formación y recursos.
Después de escuchar con atención todas las comparecencias relacionadas con la provincia de Almería, y la casi totalidad del conjunto andaluz, parece que no existía una trama organizada para la apropiación de fondos públicos, pero sí que desde el Gobierno –incluyendo no sólo al Consejo sino también a las delegaciones y mandos políticos- existió conocimiento y permisividad con estos agujeros y otros, y que de ellos se aprovecharon numerosas personas por medio de entidades, y que casualmente, la relación entre estas y el PSOE es abrumadora.
A ver, que el jefe de servicio de Formación en Almería sea miembro de la Ejecutiva del PSOE local, y que uno de los principales beneficiarios en la provincia investigado judicialmente por este asunto también lo sea, es llamativo, y si a eso se le añade que dijera que desconoce que existían empresas “cazasubvenciones” cuando todo el mundo sabe de su existencia… sin ir más lejos, a la Asociación de la Prensa de Almería se le animó a contactar con una para poder obtener dinero con el que hacer un curso y al final desistió porque ésta quería quedarse con gran parte de la ayuda.
No se le preguntó a la presidenta si era conocedora de estos agujeros legales y qué pensaba hacer al respecto. Como tampoco se le recriminó que se acogiera a la idea de que no hay menoscabo en fondos públicos, cuando objetivamente los hay, ya que se dieron millonarias ayudas –por ejemplo a una mercantil de Almería- que no podrán ser recuperadas aunque se hayan reclamado incluso vía judicial, porque la empresa desapareció con el dinero. Pero también resulta que el exconsejero Ojeda está ganando juicios –uno tras otro- y la Junta no sólo tendrá que abonarle el dinero de subvenciones no pagadas, sino que además ha de abonarle intereses e indemnizarle. Esto también es dinero público tirado por culpa de una mala gestión política.
Es realmente una pena que esta Comisión haya tenido tanta utilidad pero el último día y a última hora se haya perdido la oportunidad de validarla ante la ciudadanía. El mensaje de que la Junta de Andalucía es la gran perjudicada es el que va a calar en la gente, y no es que no sea cierto, es esa la verdad objetiva, pero cuando los andaluces identifican Junta con PSOE, pues parecería que el PSOE es el perjudicado, cuando han sido socialistas los beneficiados gracias a su conocimiento de los recovecos de la administración que llevan mangoneando desde hace casi cuatro décadas.
Por último hay que reseñar el papel de dos almerienses en la Comisión, el socialista Rodrigo Sánchez Haro, y la parlamentaria de Ciudadanos Marta Bosquet. Del primero lo mejor que se puede decir de él es no opinar, y de la segunda hay que destacar lo bien preparadas que llevaba sus intervenciones, el buen trabajo previo realizado, su capacidad para indagar e interesarse por lo realmente importante. Bosquet ha dejado claro que tenía tanto interés como el que más en conocer qué ha ocurrido con los cursos de formación, a pesar de las dudas previas que existían por el hecho de que su partido sostiene a Díaz en la presidencia.