Juan Megino | Lunes 06 de junio de 2016
La locución latina que encabeza mi artículo de opinión significa literalmente que “se acabó todo”, “que todo está cumplido”. Evidentemente me refiero a la conclusión de la instrucción del manido caso de los ERE fraudulentos, pendiente, exclusivamente, de fijar fecha para la vista oral y, naturalmente, a la espera de las sentencias que, esperemos sean ejemplares, dada la dimensión del escándalo.
Partiendo siempre de la presunción de inocencia de todos los procesados, para su señoría, existen evidencias suficientes para explicar que, sólo desde una trama perfectamente urdida desde las alturas del Partido Socialista o de la Junta (seguramente confundidos en Andalucía desde hace más de 30 años de Gobierno socialista) podría entenderse lo sucedido en esa década tenebrosa para nuestra Comunidad. Hablar de 900 ó 1.000 millones de Euros “distraídos” en Andalucía, nos indica la dimensión del enorme escándalo, para vergüenza de los andaluces. Todo ello pendiente de lo que pueda suceder con los cursos de formación, cuya cifra de gestión, aparentemente también fraudulenta, es aún más pavorosa llegando a los 3.000 millones de Euros, seguramente imposible de recuperar.
Sólo con pensar lo que se podría haber invertido con ese dinero en Almería, y el resto de Andalucía, en clave de creación de riqueza, puestos de trabajo, etc. con los extraordinarios déficit de infraestructuras que tenemos, produce escarnio y bochorno.
Con tanta presencia de los políticos en los Tribunales de Justicia, recogida en los distintos medios de difusión, hasta los más legos en la materia ya hemos empezado a discernir sobre los distintos supuestos penales, llámese prevaricación o malversación de fondos públicos, que de todo hay en esta instrucción. Pero también hemos aprendido a respetar la presunción de inocencia a la que todos los procesados tienen derecho. Sin embargo los ciudadanos tenemos todo el derecho del mundo a sospechar de unos y otros a los largo de los 5 años de instrucción, iniciada tan brillantemente por la juez Alaya, pese a la multitud de trabas que encontró para avanzar en su cometido. Al final, como se ha comprobado, no se trataba de cuatro golfos los implicados, sino de una organización perfectamente diseñada y engrasada para engañar a la Administración y, lo que es peor, para defraudar a los miles de andaluces, últimos destinatarios de esa ingente cantidad de dinero. Por supuesto, es de desear que “cada palo aguante su vela”.
Seguramente, nos quedaran muchos episodios por conocer y, quizás, aparezcan nuevos personajes en la trama para hacer más rica tan rocambolesca historia.
La conclusión de esta pieza instruída no tenía más que un final lógico: Qué todos los procesados conocían lo que estaba pasando y que, al menos estos estuvieron mirando hacia otro lado, para que así los andaluces tengamos más motivos para avergonzarnos, al ver como se ha venido gestionando el dinero de todos durante estos años.