Lo importante no es haber echado a Rajoy, lo verdaderamente esperanzador es saber que nos hemos librado del maleficio que suponía para el país la presencia del Ministro de Hacienda Don Cristóbal Montoro
Debo empezar por decir, con el sabio refrán popular, que “cada uno habla de la feria según le va”. Y a la mayoría de las ONG de España, incluida mi organización, la Unión Romaní, no le ha podido ir peor desde que este ministro, andaluz de nacimiento como yo, ―con lo que ser un “malasombra” adquiere una dimensión casi antropológica― nos ha condenado a sobrevivir, e incluso a morir, a causa de su política de ahogo, de intolerancia, de desconsideración y de persecución de quienes hemos entregado buena parte de nuestro tiempo y de nuestra capacidad creativa a luchar contra la marginación, la pobreza, el desarraigo y la miseria en la que todavía hoy viven miles y decenas de miles de ciudadanos españoles.
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Sé muy bien que suena muy duro lo que estoy diciendo, pero, créanme, hablo con conocimiento profundo de lo que digo. Y nadie piense que hago leña del árbol caído. Quienes me conocen, y de forma muy especial mis compañeros de junta directiva de la Plataforma de Organizaciones de Acción Social (POAS) conocen, porque lo sufren en sus propias carnes, la lucha que llevo emprendida contra el Ministerio de Hacienda, personalizándola en su titular, desde hace varios años. Al mismo tiempo debo decir que nunca he tenido ocasión de hablar con el ministro Montoro, ni siquiera de darle la mano, porque la única vez que le he tenido frente a mí, fue el año pasado, en el Congreso de los Diputados con motivo de la celebración del 40 aniversario de las primeras Elecciones Generales de la democracia. Tras saludar al Rey lo hice al presidente del Gobierno, don Mariano Rajoy y me detuve unos segundos con los ministros de Justicia, señor Catalá y de Educación, señor Méndez de Vigo con el que me une una vieja y entrañable amistad. Pero al pasar ante don Cristóbal Montoro aceleré el paso para superar cuanto antes el trance.
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He tenido la ocasión de repasar un viejo texto del profesor y catedrático de Derecho Constitucional Joaquín García Morillo quien, recogiendo el pensamiento de Faget de Baure a propósito de un debate sobre la elaboración de la Carta de la Primera Restauración francesa, dijo “También con buenas intenciones y con las manos limpias se puede ser un pésimo ministro”. Y don Cristóbal Montoro lo ha sido porque, como acabo de decir, su departamento ha dictado las más irracionales normas de control del gasto de las ONG que nadie pueda imaginar. Don Mariano Rajoy ha perdido la presidencia del gobierno porque a juicio del Congreso de los Diputados ha incurrido en responsabilidad política ―no penal como reiteradamente se viene diciendo― y gracias a ese útil invento nos hemos visto beneficiados con la marcha forzada de un ministro políticamente incompetente. La responsabilidad política, decía García Morillo permite “desembarazarse del político indeseado, cualesquiera que sean las causas, sin más trauma que ese, el de prescindir de él”.
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Conozco desde hace muchos años a Luis del Val, desde que fue director general de la Cadena de Radio Juventud hasta que juntos fuimos Diputados en la Legislatura Constituyente. Ahora disfruto oyéndole todas las mañanas en el programa de Carlos Herrera. Y con la fuerza mordaz que tienen sus comentarios cuando quiere ser incisivo, no hace muchos días dijo lo siguiente del ya exministro: “Montoro es mentiroso y cínico, o nos encontramos ante un presunto tonto contemporáneo que insulta nuestra inteligencia. Y digo lo de presunto tonto contemporáneo porque yo respeto la Constitución que Montoro no respeta. (…) Estos días cientos de miles de ciudadanos estamos haciendo la declaración de la renta y comprobando el gran esfuerzo de Montoro por acabar con las clases medias de España y proletarializar al país. (…) Que este político, desde la mentira o desde el cinismo, defienda a un millonario como Ronaldo y anuncie una bajada de impuestos para cuando ya no sea ministro, me enfada y me indigna porque me parece que, encima, se pitorrea de millones de españoles”.
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Llevo años denunciando infructuosamente al Ministerio de Hacienda por su política agresiva e injusta con las ONG. Para el señor Montoro ―y si no lo somos para él, lo somos para sus colaboradores más inmediatos― las ONG de Acción Social debemos ser un nido de corruptos en potencia a los que hay que vigilar muy de cerca, no sea cosa que se lo lleven todo.
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Lo he dicho y escrito en más de una ocasión. En este descalabrado Partido Popular hay dos almas. Una encarnada en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Esta es el alma buena. He conocido y trabajado estrechamente con los dirigentes de la Secretaría de Estado de Igualdad. Salvo algún garbanzo negro, que los hay en todas partes, son buena gente, comprometida y que tienen fe en lo que hacen.
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La segunda alma del gobierno de don Mariano Rajoy ha residido en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Ahí sí que reside el verdadero mal que contribuyó a llevar al Partido Popular al desastre electoral que padeció en las pasadas elecciones. Las Secretarías de Estado de Administraciones Públicas y la de Presupuestos y Gastos, auxiliadas eficacísimamente por algunos interventores que tienen el alma de acero, han actuado con una eficacia digna de mejor causa contra el trabajo que con tanto esfuerzo como altruismo desarrollan la inmensa mayoría de las ONG de Acción Social.
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Algunas de las normas que el Ministerio establece para la justificación del gasto son tan draconianas como injustas. Lo que me ha llevado en cinco ocasiones a demandar al ministerio ante la Audiencia Nacional. El saldo, hasta ahora, es clarificador: hemos ganado tres pleitos y hemos perdido dos. Los que hemos ganado eran muy importantes. Los perdidos eran por pequeñeces. Como sé bien que alguno de nuestros lectores pensará que estoy exagerando, déjenme que les relate un ejemplo:
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Teníamos en Sevilla un curso, financiado con fondos del IRPF, para enseñar un oficio a un grupo de jóvenes gitanos. A cada uno de ellos proporcionábamos un billete de autobús de una semana de duración para que se desplazaran desde sus casas al centro de aprendizaje. El programa fue un verdadero éxito, pero los señores controladores se negaron a aceptar aquellos billetes semanales y nos obligaron a devolver a la Hacienda Pública todo lo que habíamos gastado por ese concepto durante todo el año. Dijeron que los billetes semanales no se podían aceptar. Que los billetes debían ser de un solo trayecto y uno por cada viaje. Le dijimos al inquisidor que comprábamos billetes semanales porque resultaban mucho más baratos que comprar a cada alumno dos billetes cada día (uno de ida y otro de vuelta). De esa manera, dijimos, aprovechamos mejor el dinero que recibimos de los contribuyentes. La respuesta que obtuvimos puede ser increíble, ―y no lo juro porque a los gitanos no nos gusta jurar―, pero nos dijo el sufrido funcionario que él cumplía órdenes y que el Ministerio de Hacienda no puede sufragar el gasto de un abono semanal que puede ser utilizado por el portador los sábados y los domingos que son días en los que no se daban clases. Este es solo un ejemplo. Tengo muchísimos más.
Cuántas veces me he preguntado ¿por qué no ponen a estos eficacísimos cancerberos a luchar contra la corrupción organizada, contra las comisiones fraudulentas, contra los sobresueldos ilegalmente cobrados por algunos cargos públicos?
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Hoy respiramos porque nos hemos quitado de encima a Montoro. ¿Qué sucederá a partir de ahora? Pronto lo sabremos y mientras tanto viviremos con la esperanza de que el nuevo cambio nos traiga, al menos, un rayo de esperanza.