Junto con las charlas impartidas, el Interlocutor Sanitario velará porque las medidas de prevención estructural de la agresión existan, o en su caso estén dispuestas de la mejor manera posible, como son la existencia de cámaras de seguridad de grabación continua, mamparas de seguridad, vigilantes de seguridad, pulsadores anti pánico, doble puerta -una de entrada y otra de salida- en las consultas, la correcta distribución del mobiliario, la ausencia de objetos contundentes o arrojadizos en las consultas, o la adecuación de gestores de colas y listas de espera de modo que la máxima información obtenida por el paciente, disminuya su frustración.
Los médicos, enfermeros, celadores, auxiliares y demás personal del Servicio Andaluz de Salud deben asumir que cuando ejercen actividades profesionales de carácter público son considerados Autoridad, debiendo integrar dicho concepto en su labor diaria para de este modo lograr su protección. El artículo 550 del actual Código Penal considera actos de atentado los cometidos contra sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas, castigando dichas conductas con penas de prisión que van desde los seis meses a los tres años.
Sin embargo, para que el problema sea visible y se pueda actuar con la contundencia jurídica necesaria, es preceptiva la denuncia del sanitario, ya que tras la misma se pueden articular medidas cautelares como una orden de alejamiento del centro sanitario o incluso del personal a modo particular.
Con la denuncia se produce la exposición pública de la actitud violenta, con mayor garantía de protección del personal sanitario, y así poder defender ante los tribunales el concepto del Principio de Autoridad, y sus consecuencias jurídicas derivadas.
Estadísticamente, y según la Organización Médica Colegial, en todo Andalucía durante el año 2018 se cometieron tres agresiones a sanitarios al día, y concretamente en la provincia de Almería, se registraron siete agresiones durante todo el año, de las cuales un 55% fueron en los servicios de atención primaria.
Sin embargo, sólo se llega a denunciar un 10% de las mismas, algo en lo que han hecho hincapié los responsables policiales, mostrando propuestas coordinadas con la Fiscalía Provincial, como la identificación en la denuncia mediante el número de colegiado, teléfono y domicilio a efectos de notificaciones del centro médico de referencia, existencia de denuncias estandarizadas, o la aplicación gratuita para Smartphone Alertcops.