Por otro lado, el concejal Pedro Díaz ha reprochado al Partido Popular la utilización en pleno de la paralización de las obras de ampliación del Paseo Marítimo con fines claramente electoralistas, ante los próximos comicios del próximo domingo. En ese sentido, ha subrayado que, justo en la misma sesión plenaria en la que ha se ha evidenciado que su “nefasta gestión” en las expropiaciones de los terrenos necesarios va a costar 30 millones de euros a los almerienses para pagar dos sentencias favorables a las empresas propietarias, resulta llamativo que los populares hayan comenzado su moción sobre este tema destacando como un logro “el complejo trabajo, culminado en 2011 por el Ayuntamiento, para obtener el suelo necesario”.
Sea como sea, ha continuado, en julio de 2018 se iniciaban unas obras que se adjudicaron por 1,5 millones y que tuvieron que ser paralizadas meses más tarde como consecuencia de que la empresa adjudicataria abandonara las mismas. “Pero qué curioso es que al Partido Popular se le olvide decir en su argumentario de campaña que eso pasa, principalmente, porque el anterior Gobierno del PP adjudicó las obras con una baja del 37,8% sobre el coste de licitación por el que salieron”, ha remarcado Díaz.
Así las cosas, el edil ha recordado al gobierno municipal que, por parte de Costas, se ha incoado a la empresa un expediente que señala una multa de más de 100.000 euros, que se deducirán del dinero que tendría que cobrar, y se le ha reclamado que reanude los trabajos. Se trata de un paso previo a la posible rescisión del contrato.
Frente a ese contratiempo, que viene de la importante baja con la que el PP adjudicó este proyecto, se suma que el convenio entre la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar y el Ayuntamiento de Almería para esta ampliación quedó sometido a la antigua Ley de Contratos del Sector Público. Por ese motivo, ha detallado, “cuando se planteó la resolución del contrato con la empresa adjudicataria, el procedimiento se inició siguiendo esta norma”, pero “la Abogacía del Estado consideró erróneo ese proceso y obligó a iniciar un nuevo procedimiento, ya con la actual normativa contractual relativa a contratación en el sector público”.
Un cambio en la norma que, curiosamente, el propio equipo de gobierno del PP ha utilizado como argumento para supuestas complicaciones en determinados contratos municipales pero que, en su estrategia de confrontación con el Gobierno de España, “no quieren ver” igual en el caso de las obras del Paseo Marítimo.
Por todo ello, y añadiendo que desde el PP son perfectamente conocedores de la situación ya que ha habido “interlocución” entre ambas administraciones, Pedro Díaz ha sentenciado que resulta evidente que “el Gobierno de España está trabajando para darle una solución definitiva al problema de paralización de las obras”.
De ese modo, ha concluido, salvo por fines electoralistas, “no tiene sentido instar al Gobierno - como ha elevado el PP en una petición al pleno ante la que el PSOE se ha abstenido- a agilizar el procedimiento administrativo cuando está actuando como debe, con dictamen previo del Consejo de Estado y requiriendo a la empresa antes de disolver el contrato”.