El Ayuntamiento de Almería, a través de un informe del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, cifra en 1,2 millones de euros anuales el coste que para las arcas municipales supondrá la gestión del Ingreso Mínimo Vital aprobado este miércoles por el Congreso. Una gestión que conllevaría, además, la contratación de 15 trabajadores municipales más para evitar el “colapso” de los cuatro Centros de Servicios Sociales Comunitarios que tramitarán este nuevo recurso social. Así las cosas, la concejala de Presidencia y portavoz municipal, María Vázquez, exige al Gobierno Central “medios y dotación económica para asumir la tarea de gestionar el Ingreso Mínimo Vital para evitar poner en peligro la continuación de otros proyectos sociales ya consolidados”.
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A su juicio, “los gastos derivados de la aplicación de la gestión del Ingreso Mínimo Vital deben ser financiados con aportaciones adicionales a las entidades locales de modo que los ayuntamientos puedan afrontar con las adecuadas garantías la tramitación de este nuevo recurso”. Se trata de una reclamación que se llevará a Pleno a través de una moción, de modo que el Ayuntamiento pueda gestionar el Ingreso Mínimo Vital pero, sobre todo, pueda hacerlo bien, con garantías y sin poner en riesgo otros recursos municipales.
En este sentido, Vázquez recuerda que los trabajadores de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Almería ya “están ya al límite”. Han atendido estos meses de confinamiento una media de 400 llamadas diarias y han tramitado un total de 730 ‘expedientes COVID’ que han permitido un desahogo a las familias en riesgo de exclusión con un coste de más de 380.000 euros. Una gestión de emergencia que ha venido a completar una serie de acciones e intervenciones de urgencia dirigidas a ayudar a quienes peor lo están pasando a raíz de la crisis sociosanitaria derivada del COVID-19 y que ha supuesto una inversión global en materia social de más de un millón de euros en menos de tres meses.
Ayudar a más de 3.600 familias
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Una carga de trabajo que ahora se verá incrementada de forma exponencial, dado que se estima que sean más de 3.600 las familias (unas 10.000 personas) que podrían demandar el Ingreso Mínimo Vital en la capital. “No podemos colapsar, con la carga de trabajo que se avecina por el nuevo recurso, otros ya consolidados y tan fundamentales como son la ayuda a domicilio, la atención a personas sin hogar, el seguimiento a personas solas o el refuerzo a las asociaciones del tercer sector, también muy golpeadas por la crisis”, defiende la concejal delegada del área de Presidencia y portavoz del Equipo de Gobierno.
Para Vázquez, tan importante como gestionar el Ingreso Mínimo Vital es hacerlo bien. Para ello, esgrime, los ayuntamientos no pueden ser sólo receptores de un incremento importante de la carga de trabajo, sino que, además, han de recibir un fondo económico adicional para el Ingreso Mínimo Vital “no lastre las economías locales”.
Recursos técnicos y económicos
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Junto a la preocupación por la estabilidad económica, “que es responsabilidad de las entidades locales”, la gestión de este nuevo recurso implica también “la comprobación y supervisión del cumplimiento por parte de los solicitantes de las condiciones que les hace beneficiarios de la prestación”. Esto conlleva compartir datos con otras administraciones como el Instituto Nacional de la Seguridad Social o el SEPES, por ejemplo, y añade una complicación adicional en tanto en cuanto requiere de recursos técnicos y legales (para preservar la protección de datos). Unos recursos que, a la postre, se traducen también en gastos económicos.
“Son muchos los flecos que quedan por resolver de cara a que los almerienses que más lo necesitan puedan acceder a este recurso que es ya su derecho. Hacerlo bien está en manos de todos”, insiste María Vázquez, que hace hincapié en que el Ayuntamiento de Almería (al igual que el resto de ayuntamientos de más de 20.000 habitantes) “necesita más personal y más fondos económicos para hacer realidad el Ingreso Mínimo Vital”. De ahí que, el Gobierno de España, una vez aprobado el mismo, “no debe deshacerse de la gestión y mirar hacia otro lado. Esto no puede ser un tanto que se apuntan unos, sino un recurso que, entre todos, debemos hacer funcionar”, ha concluido.