La Central Sindical, Independiente y de Funcionarios, CSIF, sindicato mayoritario en la Administración Pública y con creciente presencia en la empresa privada, ha solicitado a la Junta de Andalucía que incluya entre los grupos prioritarios para la vacunación frente a la Covid-19 a los casi 800 trabajadores del Sector de Administración de Justicia que hay en Almería, y por ende a los 8.000 de toda la comunidad autónoma, por el servicio esencial que prestan y el nivel de exposición que tienen frente al virus.
El Sector de Justicia ha remitido un escrito a la Consejería de Salud y Familias en el que lanza esta petición y recuerda que ya en la primera declaración del estado de alarma esta administración fue considerada servicio esencial, manteniéndose abiertos juzgados, tribunales y demás edificios jurisdiccionales, para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva. Igualmente, la Administración de Justicia también fue la primera en iniciar la fase de desescalada, precisamente por la necesidad de ofrecer un servicio público eficaz y eficiente.
El sindicato argumenta que “es necesario que este colectivo reciba un trato singularizado y preferente” habida cuenta de “las especiales circunstancias en las que se desarrolla su trabajo, el servicio esencial que prestan, y en muchas ocasiones, la obligación que tienen de estar próximos a personas que pudieran ser portadoras de la infección por Sars-CoV2”.
Subraya, sin embargo, que según las distintas estrategias e informaciones de las que ha tenido conocimiento CSIF, “nada se ha dicho del lugar que deben ocupar los funcionarios y demás personal de la Administración de Justicia, en orden a la prioridad de vacunación, no pareciendo adecuado que se les catalogue dentro de los grupos generales de población”.
El Sector de Justicia del sindicato señala que los funcionarios de esta administración garantizan, a través de la reserva de función que tienen en apoyo de jueces y magistrados, la tutela judicial efectiva, que es un derecho reconocido como fundamental en el artículo 24.2 de la Constitución Española, así como la salvaguarda de los demás derechos y garantías públicas.