Primero los podemitas señalaron a Amancio Ortega, el de Zara, uno de los grandes empresarios de Europa, gracias a una visión que le ha llevado a que su marca esté presente en todo el mundo. Un empresario al que se le criticaba, con nombre y apellido, por donar, a través de su fundación, equipos de última generación para el tratamiento del cáncer.
Y luego la tomaron con el propietario de la cadena Mercadona. Con el valenciano Juan Roig, con más de 1.600 supermercados distribuidos por toda la piel de toro, al que la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, secretaria general de Podemos, le ha echado en cara que, si gana «9.000 millones en un año, no eres un empresario, eres un usurero».
Hoy, ayer, le tocó el turno a representante de una de las empresas más importantes de España. A Rafael del Pino, a cuenta de que trasladaba el domicilio social de Ferrovial a Luxemburgo —Triple A, España no, por la agencia de calificación crediticia Standard & Poor's (S&P)—.
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Y claro, como al PSOE le acaba de saltar el escándalo del «mediador», donde se repite lo de fiesta, coca y prostitutas, y donde pueden estar implicados un puñado de señorías que se sientan junto al presidente en el palacio de la Carrera de San Jerónimo, pues el propio Pedro Sánchez echa fuego por la boca contra el empresario, al que le dice que no es patriota, a ver si lo de Ferrovial eclipsa el escándalo socialista, justo meses antes de elecciones municipales, regionales y el contagio a las nacionales en diciembre, donde el gobierno Frankenstein se juega su continuidad en la siguiente legislatura donde sueñan que Feijoo sea el jefe de la oposición.
Y siguiendo el ejemplo de Sánchez, su ministra filo etarra, Ione Belarra, después de llamar empresa pirata a Ferrovial, pide devuelva hasta el último euro que le dieron los españoles en subvenciones en la época de José María Aznar registrando una proposición de ley para que las empresas que se marchen de España estén obligadas a devolver las ayudas y subvenciones públicas que haya recibido en los últimos 10 años. Y lo pide una ministra de Pedro Sánchez que dice que Holanda es un paraíso fiscal. Así lanza el gobierno a sus perros de presa, en este caso perras, o perres, según el lenguaje inclusivo que quieren imponernos esta panda de analfabetos tóxicos. Ven que les queda poco el disfrute del Falcon y el coche oficial y morirán matando.
Y como Ferrovial es una gran empresa con actividad en muchísimos países, pues desde la trituradora de la Moncloa se hacen circular a los medios afines dossiers donde se demoniza al empresario que anuncia que la falta de seguridad jurídica en España, entre otras razones, motivan el traslado del domicilio social de su empresa a Países Bajos. Como ya dio ejemplo EL País, —donde en 2019, la empresa de inversión de Bill Gates, Cascade Investment, adquirió una participación del 6% en el grupo PRISA— dedicándole a Ferrovial un editorial y tres artículos informativos afeándole su anuncio de deslocalización. Y lo hacía, en algunos casos, con argumentos falsos, como que en el año 2.022 la empresa no había pagado impuestos en España, cuando en realidad abonó 282 millones a las arcas del Estado. Y lo hace con la hipocresía de que Amber Capital, que preside Joseph Oughourlian, el principal dueño del rotativo sanchista, el pasado 2.021 declaró beneficios de cinco millones de euros y sólo pagó un 0,6 por ciento sobre ese beneficio, 34.473 libras esterlinas, en Gran Bretaña, que no en España.
A los del PSOE no les molesta que se pierdan mil millones de impuestos. Lo que temen es que se reproduzca la fuga de empresarios que se marcharon de Barcelona tras el «procés» como Gas Natural, Endesa y Vida-Caixa.
Si los grandes empresarios, a los que se les amenaza con un impuesto a los ricos, defendido por el propio Pedro Sánchez, dicen de marcharse, al gobierno se le agranda el roto. Y un roto donde los popes socialistas como Pepe Bono, como Felipe González, adquieren la nacionalidad de la República Dominicana, para beneficiarse de las ventajas fiscales al invertir en la isla Española y a lo mejor zafarse del impuesto a los ricos que este gobierno va a imponer. El presidente de la república, Luis Abinader está encantado de que los viejos socialistas realicen millonarias inversiones en el país del contraste. El país donde hay más diferencias entre ricos y pobres.
Y el gobierno frankenstein que rebaja el delito de malversación, bajo el aplauso de los separatistas y de los filo etarras, está de los nervios. Entre que tendrán moción de censura, defendida por Tamames, la primera fuga de una gran empresa y el escándalo de los «mediadores», parece que la buena suerte de Pedro Sánchez está llegando a su fin. Un Pedro Sánchez que pasará a la historia por su valentía desenterrando el cadáver del dictador Franco del Valle de los Caídos. Como le dijo Felipe González «Haber derribado a Franco cuando estaba vivo habría tenido más valor». «¿Tiene trascendencia sacar a Franco de la tumba?»
Las redes sociales están inundando de “memes” la actitud del gobierno sanchista. Y como ejemplo, «Ferrovial se quiere ir de España y el gobierno lo critica como desleal y antipatriota. Cataluña se quiere ir de España y el gobierno los trata como modélicos demócratas y sublimes progresistas». Cuando el público se toma a chiste a todo un gobierno, debería empezar a hacer las maletas.