La Fiscalía ha pedido una condena de 18 meses de prisión para los gerentes de tres empresas agrícolas en Almería. Se les acusa de extraer más de 1,7 metros cúbicos de agua ilegalmente a través de un pozo y causar daños significativos a un acuífero que ya estaba en mal estado durante dos años.
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Según el Ministerio Público, se les acusa a tres personas de haber cometido un delito contra el medio ambiente. Se solicita que los tres paguen una indemnización conjunta y solidaria de 343.249,92 euros a la Junta de Andalucía por el daño causado al dominio público hidráulico.
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Según el documento, en 2017 una sociedad agraria de transformación (SAT) arrendó una finca en Huércal-Overa que contenía un pozo a otra SAT. Los gerentes de ambas empresas habrían acordado que una tercera compañía agrícola, con conexiones empresariales con la dueña de la finca, suministrara agua para el riego.
La Fiscalía ha indicado que en el contrato de subarrendamiento se habría permitido el uso del pozo, aunque ambas partes y el gerente de la tercera empresa sabían que no tenían los permisos necesarios para extraer agua. Durante un periodo de 18 meses, desde noviembre de 2017 hasta mayo de 2019, los acusados realizaron sondeos para extraer agua subterránea sin autorización, lo que constituye una infracción a la legislación de aguas.
El artículo resalta que en ese lapso se habrían sacado más de 1,7 metros cúbicos de agua, lo que representa entre un "20-27 por ciento" del volumen total del acuífero.
Según el Ministerio Público, al acceder al pozo se encontró una "masa de agua" que ya estaba en mal estado y concluyen que la extracción ilegal afectó gravemente a la situación deficitaria. Esta acción causó perjuicios significativos a los ecosistemas asociados, alterando el flujo natural del agua y generando salinización u otras intrusiones, lo que impide alcanzar los objetivos medioambientales para las aguas superficiales asociadas.
La Fiscalía pide que, además de la condena de prisión, los tres acusados sean multados con 20 euros al día durante 12 meses y se les inhabilite por dos años para trabajar en profesiones relacionadas con la agricultura. El juicio será llevado a cabo por un juzgado de lo Penal.