El parlamentario autonómico por el PSOE de Almería José Luis Sánchez Teruel ha conseguido que las cuestiones medioambientales que afectan a la provincia monopolicen, prácticamente, la Comisión de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul celebrada en el Parlamento al elevar hasta tres iniciativas. En primer lugar, ha defendido que la Junta de Andalucía reinvierta en la Sierra de Gádor los 10 millones de euros en concepto de indemnización que ha recibido el Gobierno de Moreno Bonilla por parte de Endesa como responsable del incendio acontecido en esos montes en marzo de 2014 y que ocasionó daños forestales de diversa magnitud. “Se podrían llevar a cabo muchas actuaciones, desde un plan de empleo quinquenal para trabajos en la Sierra de Gádor a un vivero en la zona, para generan plantones con los que repoblar el monte”, ha sugerido el dirigente socialista al consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en comisión parlamentaria y ha apuntado que, dado que la sentencia es firme, esa partida se puede incluir ya en los presupuestos de 2024.
Sánchez Teruel ha recordado que el Gobierno de Susana Díaz demandó a ENDESA por entender que era la responsable del inicio del fuego y obtuvo en abril de 2018 esa condena a indemnizar con casi 10 millones de euros. 8,4 millones más intereses de demora desde la interposición de la demanda.
El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha indicado este miércoles que es "intención" de la Junta "destinar" los 8,4 millones de euros de indemnización recibida de Endesa por su responsabilidad en el incendio registrado en 2014 en la Sierra de Gádor (Almería) a "restaurar" la "zona calcinada", que alcanzó unas 3.200 hectáreas.
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Fernández-Pacheco ha señalado que la indemnización firma por sentencia del Tribunal Supremo (TS) no revierte de manera directa en la consejería, sino que va a la "caja única" de la Junta, aunque ha apuntado "compartir que el mejor destino posible" es la "restauración" de la "zona afectada" y "si sobra algo, para el resto de la provincia de Almería", según ha matizado.
Al hilo de esto, ha dicho que, en la actualidad, "hay más de medio millón de euros" destinados a "trabajos de selvicultura y de reforestación en la Sierra de Gádor" y ha precisado que hay que sumar 3,6 millones de euros para actuaciones en 700 hectáreas de "montes públicos" como en Los Vélez y Sierra de Los Filabres, donde "ya superan el 60 por ciento de ejecución y van a buen ritmo".
"La intención de la consejería evidentemente es que esos 8,4 millones de euros, que es el importe exacto de la sentencia, se destinen a restaurar la zona incendiada en la Sierra de Gádor y que se sigan invirtiendo, por qué no, en el resto de la provincia de Almería que falta nos hace, claro que sí", ha concluido.
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El Tribunal Supremo (TS) confirmó en mayo que el incendio forestal que en marzo de 2014 arrasó más de 3.200 hectáreas de la Sierra de Gádor se originó por el mal estado de mantenimiento de una línea de baja tensión y ratificó que Endesa debe indemnizar a la Junta de Andalucía con 8,4 millones de euros por la "pérdida de masa arbórea".
El parlamentario autonómico socialista se ha interesado, igualmente, por el motivo que ha llevado al Gobierno andaluz ha autorizar el incremento de un 20% en el precio del billete a pagar a una empresa privada para poder acceder a las playas protegidas de Mónsul, Genoveses y Cala Carbón y, también, se ha aumentado en un 50% el canon que recibe la Junta de Andalucía. Este incremento de un euro por ticket “expresa claramente cómo actúa el Gobierno del Partido Popular en Andalucía” ya que “exigen un poco a la mayoría generando un gran beneficio a una minoría”. “Le suben un euro a más de 60.000 familias que van a ser las que accedan este verano a esas playas hasta el 24 de septiembre, lo que conlleva que la empresa que gestiona los accesos va a ingresar 60.000 euros más que el año pasado y que la Junta de Andalucía ingrese 3.500 euros más que en 2022” incidiendo en que el incremento es “mayor de lo que han subido los costes para la empresa”.
“Ya el año pasado advertían en el informe económico de ese contrato que la empresa obtendría beneficios superiores a los 100.000 euros y de 7.000 euros en el caso de la Junta, y este año han decidido hacer ese contrato aún más rentable para la empresa y para la administración autonómica, porque ambas van a ingresar bastante más dinero que el año pasado y todo a costa de los usuarios”, ha señalado Sánchez Teruel, quien ha subrayado que todo esto se produce ahora, en un año en el que la empresa “se beneficia de los efectos de una inflación más baja que en 2022 y combustibles más baratos que en 2022”, pero la Junta de Moreno Bonilla “ha decidido pedirles más dinero a las familias”.
“Podrían haberlo hecho de otra manera, bonificando el canon en un 99% y obligando a la empresa a apañarse con los ingresos del año pasado, que le permitieron ganar más de 100.000 euros, pero no pidiendo más a los andaluces”, ha reprochado al consejero del PP. Sánchez Teruel ha insistido en que esta actitud es ‘marca PP’ y ha puesto como ejemplo lo sucedido con otros servicios, como comedores escolares “con la rebaja fiscal a las élites económicas de Andalucía”.
El consejero ha considerado, por su parte, que el Gobierno socialista "hizo bien en regular el acceso a esas playas por su altísimo valor ecológico" y ha respondido que, desde el año 2015 en que se estableció el precio de cinco euros, "no se había actualizado".
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"Si se le sube un euro más porque es que el precio de la vida está muy caro, aunque los socialistas no se hayan enterado, está muy caro, los costes están carísimos, todo ha subido, incluso la demagogia de aquellos que presentan preguntas tan surrealistas como esta, en la que se nos acusa de ingresar 3.500 euros más, de subir un euro porque no se actualiza desde el año 2015", ha concluido.
Asimismo, el dirigente socialista ha sacado a la luz que la administración autonómica no publica las mediciones de la calidad del aire que, se entiende, debe realizar en los puertos almerienses, un extremo que sí realiza y publica, al contrario, el Gobierno de España a través de Puertos del Estado, y de carácter mensual. “El puerto comercial de Carboneras lleva desde 1 de enero sin control de las emisiones, por averías en los medidores y a la Junta no se le conoce acción alguna para remediar esa negligencia”, ha constatado Sánchez Teruel quien ha cuestionado al consejero si han realizado algún requerimiento o abierto expediente a la Autoridad Portuaria de Almería a tal efecto.
El parlamentario socialista ha revelado que los instrumentos para la medición de la calidad del aire en Almería presentan tres deficiencias, como que “algunos no funcionan, de otros se desconocen sus datos y, en cualquier caso, son insuficientes” y ha reprochado a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul que, en lugar de aumentar estos medidores, haya procedido a eliminar algunos existentes. “En el último año, han retirado tres estaciones de medición en Níjar, Mojácar y Carboneras en lugar de cambiarlas de sitio o ampliarlas”.
En las zonas urbanas, próximas a los puertos comerciales de Garrucha y Almería “hay que instalar medidores para que la población conozca la calidad del aire que respira en esos lugares y se puedan tomar medidas si fuera necesario”, ha señalado Sánchez Teruel como la tercera tarea que “debe hacer este verano” el consejero respecto a la calidad del aire a la que se suman “hacer públicos los controles mensuales del Puerto de Garrucha y hacer que funcionen todos los puntos de control en Carboneras”.
Fernández-Pacheco ha valorado "las sugerencias" del PSOE y ha concluido asegurando que "la calidad del aire" asociada a las políticas de lucha "contra el cambio climático" supone un "reto mayúsculo que requiere la sinergia de absolutamente todo el mundo".