Uno de los últimos Consejos de Ministros del Gobierno de Pedro Sánchez antes de las elecciones generales del pasado domingo 23J, ha dado luz verde a una convocatoria de subvenciones destinadas a actividades relacionadas con la memoria democrática y las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, que tendrá un importe máximo de 895.000 euros y se repartirá entre los ejercicios 2023 y 2024. El secretario de Estado de Memoria Democrática, el socialista almeriense Fernando Martínez López, es el máximo responsable de esta subvención, siendo el detalle más destacado que se trata de una ampliación sobre la existente en los Presupuestos Generales del Estado, y que se aprueba en época previa a las elecciones, y cuando el principal partido de la oposición y con opciones de gobernar, el Partido Popular, ya había anunciado su intención de derogar esta norma legal.
Según el acuerdo aprobado por el Gobierno, el 75% del importe máximo de las subvenciones se imputará al ejercicio 2023 y el 25% restante al ejercicio 2024. Esto significa que el próximo presidente tendrá que hacer frente al pago de parte de estas ayudas, que podrán solicitarse hasta el 11 de agosto de 2023. Las subvenciones podrán financiar proyectos de investigación, difusión, sensibilización, educación y formación sobre la memoria democrática, así como actuaciones de localización, exhumación e identificación de víctimas.
De hecho, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido a derogar la ley de Memoria Democrática si llega al poder, al considerar que “atenta contra el espíritu de la Transición” y que cuenta con el apoyo de los “herederos” de ETA. Feijóo ha asegurado que trabajará para conseguir también los votos del PSOE para derogar esta norma, aunque desde el partido socialista han descartado esta posibilidad y han acusado al PP de “mentir” y de “blanquear” el franquismo.