El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Almería ha presentado al Pleno una moción en contra de la tramitación de una Ley de Amnistía. Según ellos, Pedro Sánchez se ha abierto a la posibilidad de su tramitación como un intento desesperado por conservar la Presidencia del Gobierno.
Ana Martínez Labella, portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Almería, ha expresado su defensa en contra de una inconstitucionalidad "flagrante" y ha argumentado que se está intentando evitar los controles de legalidad del CGPJ, la Fiscalía y el Consejo de Estado mediante un atajo. Además, ha afirmado que esta medida permitiría gobernar exculpando a cientos de personas que han cometido graves delitos. En relación a la propuesta, Martínez Labella ha rechazado cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado no individualizado para cualquier ciudadano español, sin importar el delito cometido. Por último, ha hecho un llamado a los grupos políticos para llegar a acuerdos de Estado que eviten que la sociedad española se vea sometida a las condiciones ilegales impuestas por partidos independentistas.
Martínez Labella ha lamentado que el Partido Popular y VOX hayan votado a favor de la propuesta, la cual fue rechazada por el grupo municipal socialista y también por el grupo municipal de Podemos-lU-Verdes con Almería. Según Martínez Labella, esto deja en evidencia su alineamiento con las directrices del presidente Sánchez.
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Martínez Labella ha pedido a los siete concejales del grupo socialista que manifiesten claramente su opinión sobre la posible Ley de Amnistía y el desafío independentista, y que sean leales a los almerienses, cumpliendo con la Constitución y prefiriendo alinearse con el PSOE que se ha pronunciado en contra de dicha ley.
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La estrategia de ir a una Ley de Amnistía supone un "chantaje" evidente, según lo ha insistido Martínez Labella. Ha recriminado que no se niegue la evidencia y ha insistido en que esta moción se vota "a favor de la democracia, en defensa de la Constitución y de los almerienses". Por el contrario, votar a favor significa apoyar la ruptura de España, respaldar a un prófugo de la justicia y respaldar a un delincuente que chantajea a los españoles. No hay duda de que Pedro Sánchez abandonaría el barco apenas vea la primera grieta, dejándonos a todos a la deriva y abandonados a nuestra suerte.
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"Estamos viviendo un momento histórico en el que la mayoría de los españoles se oponen a la amnistía", aseguró la portavoz municipal. Según sus palabras, "dos de cada tres españoles rechazarían un acuerdo entre PSOE y Junts que cumpla con el requisito impuesto por los independentistas para negociar su apoyo a una posible investidura del presidente en funciones". Además, advirtió que si Sánchez cede al chantaje independentista, será considerado como el mayor traidor en la historia democrática de nuestro país. Por último, hizo hincapié en no permitir que los arrastren y quedar retratados como traidores hacia los almerienses en la historia de esta ciudad.
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"La respuesta de España y la calle ayer en Madrid, contra la amnistía, ha sido felicitada por Martínez Labella, quien finalmente ha defendido "valentía y coherencia. Democracia y constitucionalidad. Almería y España. El chantaje es todo lo demás".
La moción presentada por los populares en la exposición de motivos destaca que en una democracia europea consolidada, como la española de 2023, una amnistía va en contra de algunos principios fundamentales del Estado de Derecho. Estos principios incluyen la exclusividad del poder judicial para juzgar y ejecutar sentencias, la igualdad en la aplicación de la ley y la seguridad jurídica. Ni el legislador ni el poder ejecutivo pueden arrogarse el derecho de declarar inmune a un grupo de personas, borrar sus delitos e incluso evitar que sean juzgados como cualquier otro ciudadano. Además, tanto el Tribunal de Justicia de la UE como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tienen pendientes resoluciones relacionadas con esta cuestión que afectan a España y sobre las cuales se plantea la posible amnistía.
En 2017, los poderes públicos de Cataluña intentaron una insurrección contra el orden Constitucional, lo cual llevó al Estado a reaccionar aplicando el artículo 155 de la Constitución y utilizando instrumentos penales contra los responsables. El Tribunal Supremo sentenció a los impulsores con penas de entre 9 y 13 años por sedición y malversación.
La aprobación de una Ley de Amnistía, que beneficiaría a los encausados por el referéndum ilegal de 2017, ha sido expuesta como una condición para la gobernabilidad de España por el prófugo Carlos Puigdemont, según se recoge en la moción. Esta iniciativa fue planteada hace años y rechazada incluso por algunos ministros y ex ministros del Gobierno, como Juan Carlos Campo, Fernando Grande Marlaska y Carmen Calvo, entre otros muchos dirigentes socialistas. En el pasado, estos líderes afirmaron la inconstitucionalidad de una posible amnistía.
Presentada por el PP, la moción consta de cuatro puntos distintos. El primer punto se centra en la oposición a "cualquier forma de amnistía o indulto generalizado para cualquier ciudadano español, sin importar su delito". En segundo lugar, se expone que el Estado de derecho es "la manifestación de la voluntad popular según lo establecido en el preámbulo de la Constitución" y se anima, en el tercer punto, "a los dos partidos mayoritarios a buscar acuerdos de Estado que impidan que la sociedad española sea sometida a condiciones ilegales propuestas por los partidos independentistas".
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Proponiendo dar traslado de estos acuerdos a la Presidencia del Gobierno, a la Vicepresidencia primera y ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a la Vicepresidencia segunda y ministerio de Trabajo y Economía Social, al ministerio de Política Territorial, y a los portavoces parlamentarios en el Congreso y el Senado, así como a la Junta de Gobierno de la FEMP, termina.