Los fraudes eléctricos se incrementaron en Almería en un 14% en 2023, mientras que los vinculados al cultivo de marihuana se elevaron en un 90%, según datos de Endesa.
Tan solo el pasado año, e-distribución, la filial de redes de la compañía, desmanteló en Almería 49 fraudes a la semana.
En un comunicado, Endesa ha precisado que se ha pasado de 2.275 expedientes en 2022 a contabilizar cerca de 2.600 en 2023.
La energía recuperada vinculada a estos expedientes se ha disparado un 54% hasta alcanzar los 26,5 GWh, equivalente al consumo de 7.500 hogares.
Las plantaciones de marihuana acapararon el 51% de la energía defraudada detectada durante el pasado ejercicio por la filial de Endesa en Almería.
La otra mitad correspondió a grandes consumos vinculados a la actividad industrial, negocios y al sector residencial, aunque es destacable que sólo el 2% se localizó en las viviendas con un consumo más bajo, con una potencia contratada inferior a los 3KW.
En Almería la energía recuperada en los fraudes vinculados a plantaciones de marihuana en el interior de edificios, conocidas como indoor, ha crecido casi un 200% en un año pasando de 4,5 GWh a 13,4 GWh en 2023.
En España, los expedientes por enganches ilegales a la red eléctrica vinculados a plantaciones de cannabis en las zonas en las que opera e-distribución han aumentado cerca de un 70% en los cinco últimos años, y la energía recuperada en estos expedientes ha crecido un 83% en el mismo periodo.
Endesa ha explicado que cada plantación consume, en promedio, como 80 viviendas con lo que el impacto de estas instalaciones fraudulentas en las pérdidas del sistema eléctrico y en el deterioro de los equipamientos y de la calidad de suministro en zonas con elevado porcentaje de fraude es evidente.
Se estima que las plantaciones de marihuana consumen en España unos 2,2 TWh de electricidad, equivalente al consumo de Sevillaen un año.
En algunas zonas, acaparan hasta el 80% del consumo eléctrico y los sistemas de iluminación y ventilación utilizados para acelerar el crecimiento de las plantas funcionan mediante enganches ilegales que causan estragos en la red eléctrica.
Las estimaciones indican que el fraude eléctrico le cuesta al conjunto de los consumidores españoles más de 2.000 millones al año, el equivalente a 69 euros al año por cada punto de suministro.
"La manipulación de las instalaciones eléctricas nos afecta a todos. Suponen un riesgo físico que puede provocar incluso la muerte de los implicados o de terceros que no tienen nada que ver con esta práctica ilegal, afecta a la calidad del suministro a los vecinos y cuesta dinero a todos los consumidores", ha destacado José Manuel Revuelta, director general de Redes de Endesa.