La portavoz de Energía del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento Andaluz, Julia Ibáñez, ha defendido hoy una Proposición No de Ley que ha sido aprobada por mayoría, a pesar del voto en contra del PSOE, y en la que se solicita al Gobierno de España la modificación del Código Penal tras la problemática, cada vez mayor, de las interrupciones constantes en el suministro eléctrico a vecinos, por manipulación ilegal de los contadores, vinculado a la profesionalización del fraude eléctrico por parte de organizaciones criminales.
Julia Ibáñez ha denunciado el incremento de plantaciones de cultivo ilegales de marihuana en toda España, situación que también se produce en Andalucía y en la provincia de Almería donde los fraudes eléctricos se han incrementado un 14% en 2023, mientras que los vinculados al cultivo de marihuana se elevaron en un 90%, según datos de la empresa distribuidora, lo que supone 49 fraudes a la semana.
La situación es preocupante en toda Andalucía, por ello la parlamentaria del PP ha instado al Gobierno de Pedro Sánchez a ponerse a trabajar. “Menos descansos, menos reflexiones y más gestión y más legislar en esta materia con el fin de frenar el fraude eléctrico originado por el gran consumo de luz que necesitan estos cultivos, ya que el consumo medio defraudado de estas plantaciones ilegales es igual al que pueden consumir 80 viviendas”, ha indicado. En este sentido, Julia Ibáñez ha explicado que estas manipulaciones ilegales de los contadores para que las plantaciones de marihuana sean rentables provocan daños en las estructuras de los edificios, sobrecargas en la red que dan lugar a interrupciones de suministro que afectan a los vecinos de la zona que pagan religiosamente sus recibos y que tienen sus contratos en regla, incendios en líneas subterráneas o incluso en centros de transformación recién instalados.
En su intervención en la Comisión de Industria, Energía y Minas, la portavoz popular ha recordado también cómo desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se ha reclamado una normativa “contundente” contra el auge del fraude eléctrico relacionado con las plantaciones ilegales que “desincentive” este fraude, tanto desde el punto de vista administrativo, como desde el punto de vista penal.
“No podemos olvidar que la energía defraudada en plena crisis energética supone un incremento del precio del kWh para los consumidores, ya que los fraudes no suponen coste para la compañía, pero sí para los consumidores con contrato en vigor que son los que soportan el coste de este fraude que provoca un incremento anual de la factura eléctrica en España, el año pasado de 150 millones de euros según datos de las distribuidoras y de la CNMC”, ha advertido.