La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado ante las autoridades de consumo de las correspondientes comunidades a cinco festivales de música al aire libre, entre ellos el Sonórica (Castro Urdiales), por supuestas "malas prácticas" y que se suman a las que ya presentó contra otros dos.
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Además del festival de Sonórica, la OCU ha denunciado al FIB (Benicàssim), el Monegros Desert Festival (Fraga), el Puro Latino (Puerto de Santa María, Sevilla, Arganda, Torremolinos y Almería), y el Zevra Festival (Cullera), según señala en un comunicado.
Estas denuncias se unen a las que presentó antes contra el Bilbao BBK Live y el Fortaleza Sound (Lorca).
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En total, los supuestos abusos que OCU asegura haber constatado en los siete festivales podrían haber afectado a hasta 947.000 asistentes.
Pero ¿cuáles son esos abusos o malas prácticas?. Son los siguientes, según la OCU:
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- Los siete festivales han cobrado una tasa de entre dos y tres euros para poder recuperar el saldo restante en la pulsera 'cashless', que se recarga con dinero y se puede pagar con ella durante el evento, es decir un monedero electrónico.
Incluso, según denuncia la organización, a veces se impone un plazo de unos pocos días para reclamar la devolución y una vez superado se pierde el dinero, con lo que se "permite un enriquecimiento injusto del promotor".
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- Es frecuente, además, que cobren otra tasa por salir y volver a entrar al festival.
- También que prohíban entrar con alimentos y bebidas, algo que se contempla en la normativa de varias autonomías, pero que la organización de consumidores considera abusivo pues la actividad principal del festival es artística y musical, no alimentaria.
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- En algunos de ellos, según se plasma en su denuncia, se cobra asimismo por los vasos reutilizables, sin posibilidad de reembolso, o por el 'alquiler' de vasos para poder beber agua potable.
Ante esta situación, la organización urge a las autoridades de consumo de las comunidades donde se han detectado estos abusos que impongan las sanciones establecidas y que obliguen a la empresa a devolver los cargos indebidamente cobrados.
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No obstante, a su juicio, lo que sería necesaria es que el Ministerio de Consumo desarrollara una normativa homogénea sobre los derechos de los asistentes a este tipo de eventos y estableciera compensaciones automáticas en caso de malas prácticas.