El Tribunal Supremo ha decidido, por unanimidad, no anular la renovación de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. Esta resolución fue adoptada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo justo un día antes de que García Ortiz declare como investigado ante el juez Ángel Hurtado, en relación con una supuesta filtración denunciada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El tribunal ha comunicado su fallo y se espera que en los próximos días se publique la sentencia donde se detallarán los argumentos que respaldan esta decisión.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo desestimó el recurso presentado por la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) contra el acuerdo del Gobierno que renovó a García Ortiz en diciembre de 2023 como líder del Ministerio Público.
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Fuentes consultadas indican que, independientemente del fallo emitido, la causa contra García Ortiz por presunta revelación de secretos seguirá siendo gestionada por el Supremo. Esto se debe a que ocupa simultáneamente el cargo de fiscal general y fiscal de Sala, ambos aforados ante este alto tribunal.
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La APIF argumentaba que García Ortiz no era "idóneo" para liderar "la jefatura de todos los fiscales de España", citando sus acciones desde su nombramiento. En un comunicado emitido en febrero, resaltaron que el Supremo había anulado previamente la decisión de García Ortiz al nombrar a Dolores Delgado como fiscal de Sala, alegando "desviación de poder".
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Además, subrayaron que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal exige que el candidato a fiscal general sea un jurista con reconocido prestigio. Aunque este requisito podría haber estado presente en García Ortiz, consideran que pierde validez tras su condena por "desviación de poder". También mencionaron un acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en noviembre de 2023, que concluyó que no era idóneo para el puesto; aunque esta opinión no era vinculante, marcó un precedente al ser la primera vez que el Consejo se opuso a un nombramiento así.
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Por su parte, García Ortiz solicitó al tribunal desestimar el recurso argumentando que la APIF solo buscaba "socavar" al Gobierno y obtener "publicidad". En su defensa presentada en noviembre pasado, acusó a la asociación demandante de basar su impugnación en consideraciones subjetivas.
Su abogado afirmó que la intención detrás del recurso era iniciar un proceso judicial prolongado sobre el nombramiento y permitir a la APIF ganar visibilidad mientras intentaban socavar indirectamente al Gobierno responsable del nombramiento.
Aparte de esto, en mayo pasado, García Ortiz pidió apartar a cuatro magistrados del Supremo encargados de estudiar el recurso. Argumentó que eran los mismos que habían determinado previamente su actuación como "desviación de poder" al proponer a Delgado como fiscal de sala. Sin embargo, la solicitud fue desestimada por Eduardo Calvo, magistrado encargado del caso, quien consideró que había sido presentada fuera del plazo legal correspondiente.
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Calvo concluyó: "Sin necesidad de examinar la endeblez y escasa consistencia de la causa de recusación propuesta, basta señalar que... la formulación es extemporánea".