El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se presentará a las 16.00 horas en la Comisión de Justicia del Senado para exponer la Memoria anual de la Fiscalía correspondiente a 2023. Esta será su primera comparecencia ante las Cortes Generales desde que el Tribunal Supremo (TS) le imputó por un presunto delito de revelación de secretos relacionado con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
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Yolanda Ibarrola, presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, había solicitado que García Ortiz compareciera en diciembre pasado para rendir cuentas sobre su gestión. Sin embargo, el fiscal justificó su ausencia alegando compromisos previos, lo que fue interpretado por el PP como una forma de evasión.
Alicia García, portavoz del PP en el Senado, afirmó que la situación actual de García Ortiz como imputado debería haber llevado a su dimisión debido a los escándalos que lo rodean. Reiteró su solicitud de renuncia "por responsabilidad y decencia democrática", instándolo también a fijar una fecha para ofrecer explicaciones sobre su gestión y disculparse por el daño causado a la democracia.
En respuesta a esta presión, Ibarrola insistió en enero pasado y recibió una oferta del fiscal general para acudir al Senado y presentar la Memoria de la Fiscalía General del Estado (FGE) para 2023.
El Senado ha programado la cita para el 18 de febrero, coincidiendo con otra declaración prevista del exministro José Luis Ábalos ante el TS por el 'caso Koldo', que fue aplazada al 20 de febrero debido a compromisos legales.
La comparecencia de García Ortiz estará marcada por la investigación liderada por el magistrado Ángel Hurtado contra él mismo; Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid; y Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la FGE. La causa se originó en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tras una querella presentada por González Amador relacionada con una nota de prensa emitida por la Fiscalía en marzo.
Durante las indagaciones se ha revelado que García Ortiz borró los datos de su teléfono móvil el mismo día en que se le abrió causa y cambió su dispositivo una semana después. En su declaración del 29 de enero, confirmó que borra "absolutamente todo" regularmente debido a obligaciones legales relacionadas con datos sensibles.
Además, ha cambiado su teléfono varias veces desde que asumió su cargo. La Unidad Central Operativa (UCO) ha presentado documentos al juez sobre sus líneas personal y oficial que respaldan estos cambios.
García Ortiz ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), denunciando la difusión indebida de sus datos personales tras un informe emitido por el Supremo. Critica también que la Guardia Civil excedió sus atribuciones al entregar información detallada sobre sus comunicaciones sin respetar los plazos establecidos.
En respuesta a estas acciones, González Amador se opone a eliminar dicha información del caso y ha acusado al fiscal general de mentir al CGPJ. Además, ha solicitado al TS que ordene a García Ortiz entregar su antiguo dispositivo móvil.