La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla se encuentra en el proceso de deliberación sobre si elevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que anularon las condenas a varios inculpados por los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos. Este jueves marca el inicio de una serie de tres jornadas dedicadas a esta cuestión.
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En una reciente providencia, la Audiencia ha establecido un plazo de diez días para que las partes involucradas informen si consideran que el TC ha "extralimitado" su función con una interpretación alternativa relacionada con la prevaricación y la malversación en sus sentencias anulatorias. También se cuestiona si esta nueva doctrina cumple con los estándares internacionales en la lucha contra la corrupción y si es posible no aplicar dichas sentencias anulatorias.
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Las fechas fijadas para llevar a cabo esta deliberación son el 24 y 29 de abril, así como el 13 de mayo. Según la providencia emitida por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), este proceso es crucial para determinar cómo proceder ante las nuevas interpretaciones del TC.
El TC ha señalado que tanto la Sección Primera de la Audiencia como el Tribunal Supremo habrían incurrido en interpretaciones erróneas que vulneran el derecho fundamental a la legalidad penal. En particular, se argumenta que no se puede considerar que la participación en la aprobación de presupuestos sea un asunto administrativo, lo cual podría afectar gravemente al respeto por parte de los jueces hacia las leyes vigentes.
La Audiencia también ha formulado preguntas sobre si el TC ha invadido competencias judiciales al revisar interpretaciones normativas relacionadas con delitos como la prevaricación y malversación. Además, se indaga si su interpretación sobre las leyes presupuestarias andaluzas contradice normativas comunitarias, lo cual podría poner en riesgo el patrimonio público y afectar negativamente la confianza ciudadana en el manejo honesto de los fondos públicos.
Se plantea también si esta doctrina del TC incumple exigencias internacionales en materia de lucha contra la corrupción, siendo incompatible con tratados europeos destinados a proteger los intereses financieros comunitarios.
Finalmente, se considera la posibilidad de que los tribunales ordinarios decidan no aplicar las sentencias interpretativas del TC sobre normas legales autonómicas, cuando estas puedan ser vistas como lícitas según criterios penales establecidos por dichos tribunales.
A pesar del encargo del presidente del Tribunal Constitucional para estudiar si se puede formular una cuestión prejudicial al TJUE, informes jurídicos han concluido que no se puede impedir dicha consulta. Algunos letrados advirtieron que incluso discutir este tema podría considerarse una injerencia en la independencia judicial, resaltando así la importancia del respeto institucional entre diferentes jurisdicciones.
El propio Conde-Pumpido ha afirmado que el TC no obstaculizará ninguna pregunta al TJUE, aunque enfatizó que es necesario reflexionar sobre este caso particular debido a su naturaleza excepcional.