El pasado 28 de abril a las 12:33, un silencio eléctrico se cernió sobre toda la península ibérica. En Almería, la oscuridad se prolongó exasperantemente, extendiéndose por casi veintitrés horas. La vuelta a la normalidad fue lenta y desigual, con el Hospital de Huércal Overa recuperando el suministro el martes y la desaladora de Carboneras no operando con normalidad hasta la mañana del miércoles. Si bien la rápida recuperación en otras zonas de España contrasta con la prolongada angustia almeriense, es justo reconocer el encomiable esfuerzo de los profesionales que trabajaron incansablemente para restablecer el servicio.
Sin embargo, este incidente ha reabierto viejas heridas y ha alimentado debates ideológicos recurrentes. Desde ciertos sectores de la izquierda, la respuesta automática clama por la nacionalización del sector eléctrico como panacea para evitar futuros apagones, y desde la derecha, por la eliminación de las energías renovables en las que, gracias a nuestro clima, somos punteros. Estas propuestas, a mi juicio, adolecen de una profunda falta de análisis y se sustenta en una visión simplista de la realidad.
Para empezar, conviene observar cómo funciona el sector eléctrico en la actualidad. Red Eléctrica de España (REE), la empresa encargada del transporte y la operación del sistema eléctrico, tiene en su consejo de administración media docena de socialistas designados a dedo por el Gobierno que preside Pedro Sánchez. Y tiene una presidenta, Beatriz Corredor, con una retribución supera los 540.000 euros anuales, cuya experiencia y conocimiento específico en el intrincado mundo de la energía son, cuanto menos, cuestionables, por no decir nulos. Su trayectoria previa como registradora de la propiedad y su paso por el ministerio durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero parecen ser sus principales credenciales. No olvidemos que el Estado ostenta el 20% de REE, lo que le otorga una influencia considerable en la dirección y la política empresarial de la compañía. En este contexto, resulta evidente que REE ya responde, en gran medida, a criterios políticos, es decir, a eso que los partidarios de la nacionalización de las eléctricas reclaman. ¿Acaso este modelo de gestión, con una fuerte impronta gubernamental, es el que se propone como solución? ¿Quién ha marcado como se realiza el llamado mix eléctrico? ¿Quién ha decido como se establece el precio de la electricidad, y qué impuestos debemos pagar? La experiencia nos dice que politizar la gestión no siempre conduce a la eficiencia y la excelencia técnica.
Este ejemplo no es aislado. Hace poco, una vocal del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) insinuó que un exceso de conocimientos técnicos podría ser un obstáculo para desempeñar su labor. Esta declaración, cuanto menos sorprendente, revela una preocupante tendencia a priorizar la afinidad política por encima de la competencia y la experiencia en puestos de crucial importancia para la seguridad y el funcionamiento de infraestructuras críticas.
Son estas las "mimbres" con las que algunos pretenden "hacer los cestos" de nuestro sistema energético. Los políticos, encargados de legislar y tomar decisiones que afectan a todos, ya nos mostraron sus limitaciones durante la crisis bancaria de 2008. El epicentro de aquella debacle se situó en las cajas de ahorro, entidades financieras infiltradas hasta la médula por cargos políticos. Concejales, diputados provinciales y otros representantes públicos ocupaban los consejos de administración, tomando decisiones basadas en intereses políticos cortoplacistas en lugar de criterios económicos sólidos. Se concedieron préstamos sin avales consistentes, financiando proyectos inviables, pero políticamente convenientes, eran los principales financiadores de los partidos políticos que nunca devolvían los créditos, como pasaba con clubes deportivos a los que había que mantener, y sí, también se daban hipotecas millonarias a colegas y amigos. El resultado fue un descalabro financiero que pagamos todos los ciudadanos. ¿Realmente queremos replicar este modelo en un sector tan estratégico como el energético?
La clave para evitar futuros apagones no reside en un cambio de titularidad, sino en una regulación robusta y una supervisión eficaz del sistema eléctrico, independientemente de quién sea el propietario de las empresas. El gobierno debe garantizar la inversión en infraestructuras resilientes, promover la diversificación de las fuentes de energía y establecer protocolos de actuación claros y eficientes ante situaciones de emergencia.
El debate entre energías renovables y nuclear es otro ejemplo de cómo la polarización política puede nublar el análisis técnico. Los defensores acérrimos de las renovables a menudo ignoran la realidad de que, con la tecnología actual, depender exclusivamente de ellas en un país industrializado como España resulta inviable. Del mismo modo, aquellos que solo confían en los combustibles fósiles y la energía nuclear cierran los ojos a la necesidad urgente de una transición energética hacia fuentes más limpias y sostenibles. Dejar estas decisiones cruciales exclusivamente en manos de políticos, con sus agendas partidistas y sus vaivenes ideológicos, nos aboca a decisiones sesgadas y potencialmente perjudiciales.
Es como cuando nos obligan a pasarnos a los coches eléctricos en unos tiempos imposibles, porque ni los vehículos están preparados para largas distancias, ni hay electrolineras suficientes, ni el precio de la energía es asumible, ni los fabricantes pueden responder a la demanda... ni tampoco todo el mundo puede cambiar de automóvil en el plazo exigido.
El apagón ha sido un duro recordatorio de la vulnerabilidad de nuestro sistema eléctrico, y en nuestro caso, de que hay que prestar atención a que Almería no puede ser la última en recuperarse, de que debe haber mayor equilibrio... y esto sí es cosa de los políticos. Sin embargo, la solución no pasa por la nacionalización simplista. No existe evidencia alguna que sugiera que una empresa pública hubiera gestionado la crisis de manera más eficiente. La clave reside en una gestión profesional, una regulación inteligente y una visión estratégica a largo plazo, donde la eficiencia técnica y la seguridad del suministro primen sobre los intereses políticos coyunturales. Apostar por lo contrario es arriesgarse a que la luz se vuelva a apagar, y esta vez, quizás por mucho más tiempo.