La diputada nacional del Partido Popular de Almería, Ana Martínez Labella, ha defendido hoy en unas Jornadas que se han celebrado en Madrid relativas a las “Soluciones para avanzar en la integración modal de la movilidad urbana” organizadas por Telpark, que la Ley de Movilidad Sostenible que pretende aprobar el Gobierno de Pedro Sánchez y el nuevo mapa concesional del transporte por carretera “ponen en riesgo la España rural”.
Martínez Labella ha señalado que estamos ante una “oportunidad perdida” porque se trata de “una ley que no responde, ni de cerca, a las expectativas creadas, con la que el Gobierno ha buscado salir del paso ante la obligatoriedad de responder a las exigencias de la UE”.
La diputada del PP ha lamentado la escasa comunicación del Gobierno con los sectores implicados y ha dejado clara la oposición de su partido a una ley que olvida, condena y aísla a los pequeños municipios.
“Aunque la movilidad tiene que ser un elemento de cohesión social y de vertebración territorial, con esta ley el Gobierno la está poniendo en serio riesgo impidiendo el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de un sistema de movilidad sostenible y justo. Además, tampoco se ha tenido en cuenta la necesaria colaboración y coordinación permanente con las comunidades autónomas y las entidades locales para lograr esa verdadera movilidad inter modal”, ha insistido.
Durante el debate, en el que han participado alcaldes y concejales de localidades como Las Rozas, Benidorm, Boadilla del Monte, Cáceres, Santander o Segovia, Ana Martínez Labella ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez lleva más de tres años intentando recortar los derechos a la movilidad de los ciudadanos y ha lamentado que “no apueste por la prevalencia del transporte público”.
“Con el nuevo mapa concesional se recortan 9.305 paradas de autobús, 456 rutas en 1.417 municipios de nuestro país, afectando a más de tres millones de pasajeros. Pretenden dejar sin servicio de autobús 126 municipios en Extremadura, 83 en Andalucía, 23 en Galicia o 346 municipios en Castilla León y condenar a más de tres millones de españoles a moverse en vehículos particulares, volviendo a la movilidad del siglo XX en un momento en que tenemos más recursos, más medios y más tecnología al alcance de nuestra mano”, ha manifestado.
Martínez Labella ha abogado por la revisión del mapa concesional de transporte por carretera de forma consensuada con los territorios, con las comunidades y con los municipios porque “la imposición nunca es el camino, y por supuesto aún menos cuando no se quiere financiar adecuadamente”.
En este sentido ha insistido en la necesidad de que se convoque la Conferencia Sectorial de Transporte que lleva sin reunirse desde el año 2022 y ha dejado claro que “cuando hablamos de movilidad no podemos ni debemos restringirla a las ciudades y grandes entornos urbanos, porque es una importante herramienta de cohesión social que deber ser considerada y defendida”, de ahí la necesidad de trabajar conjuntamente todas las administraciones defendiendo el interés general del conjunto de los españoles independientemente de si viven en una gran ciudad o en un pueblo algo más alejado.