En un reciente pronunciamiento, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado la necesidad de que sean los “ultrarricos” quienes asuman el costo de la extensión de la vida útil de las centrales nucleares en España. Esta declaración se produce en un contexto donde se busca garantizar tanto la seguridad ciudadana como el suministro energético, además de asegurar que estas instalaciones sean “económicamente viables”.
Sánchez recordó que las compañías energéticas propietarias de las centrales nucleares habían acordado en 2019 un calendario para su cierre escalonado. Este acuerdo ha sido fundamental para establecer las bases sobre las cuales se está discutiendo la posible prolongación de su funcionamiento.
El mandatario también anunció la elaboración de “un informe de expertos independientes” que analizará las causas del reciente apagón que afectó a diversas regiones del país. Este documento será clave para entender mejor los desafíos y oportunidades que presenta el sistema energético español en la actualidad.
A medida que se intensifican los debates sobre la energía nuclear y su rol en el futuro energético de España, la postura del Gobierno parece clara: es imperativo involucrar a aquellos con mayores recursos económicos en el financiamiento de soluciones sostenibles y seguras para el país.