La delegada territorial de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Dolores Martínez, ha inaugurado esta mañana unas Jornadas, dirigidas a alcaldes y concejales de la provincia de Almería, de Difusión del Decreto-Ley 1/2025, de 24 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda.
Durante su intervención, la delegada ha destacado que se trata de un plan de choque con el que la Junta de Andalucía pretende facilitar el acceso a la vivienda con medidas que permitan la construcción de 20.000 viviendas protegidas en Andalucía en los próximos 5 años y que además suponga también un elemento de refuerzo de la economía andaluza.
Ha incidido en que para conseguir esto “es necesaria la participación de todo el sector, de los ayuntamientos y de todas las administraciones, así como de los promotores públicos y privados, los agentes sociales y económicos, los colegios profesionales, las entidades financieras y las empresas de la construcción”.
Entre las medidas, el Decreto ley contempla ampliar la oferta de solares para uso residencial protegido, autorizar mayor densidad de viviendas en parcelas que se destinen a VPO, crear una bolsa de suelo con los ayuntamientos e incluir promociones residenciales en la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP).
Durante la Jornada, que ha tenido lugar en el edificio Andalucía Junta, se han celebrado tres mesas de trabajo. En la primera de ellas, denominada “Una visión compartida para impulsar el acceso a la vivienda”, han participado la jefa de Servicio de Vivienda de la Delegación de Fomento, María Dolores López; el jefe de Servicio de Urbanismo de esta, Francisco Torres; el secretario general provincial de la Delegación de Industria, Energía y Minas; José Manuel Rodríguez y el jefe de Servicio de Asesoramiento Urbanístico de la Diputación provincial, Juan Martín. Ha estado moderada por la jefa de Servicio de Rehabilitación y Arquitectura de la Delegación de Fomento, Ana M.ª Mateo.
“El impulso municipal en la política de vivienda”, ha sido el lema de la segunda Mesa que ha sido moderada por la propia delegada territorial, Dolores Martínez. En ésta han intervenido la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez; el alcalde de Macael, Raúl Martínez; el de Zurgena, Domingo Trabalón y el teniente alcalde de Laroya, Guillermo Medina Rodríguez.
La última de las mesas de trabajo celebradas ha sido la de “El impulso a la promoción de viviendas”, moderada en esta ocasión por la secretaria general de la Delegación organizadora de las Jornadas, Blanca Marín, con la participación de, secretario de la Asociación de Promotores Constructores de Edificios de ASEMPAL, Andrés Montiel; el director provincial de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), Rafael Burgos Castelo y la diputada provincial de Vivienda, Ana Lourdes Ramírez.
La delegada ha explicado que Andalucía ya había iniciado la tramitación de su Ley de Vivienda, pero que “ha anticipado algunas medidas dentro de este plan de choque para su aplicación con carácter urgente”.
El Decreto ley se marca como primer paso la ampliación de la oferta de suelo para vivienda protegida, mediante cambios de uso, densidad y edificabilidad en parcelas aptas para la edificación y que no requieren de obras urbanización. Así, se permitirá que los solares o edificios con uso como alojamiento turístico u oficinas se destinen a viviendas protegidas.
Además, se podrá aumentar la densidad de viviendas y edificabilidad en las parcelas residenciales si hay compromiso de que sean protegidas y se podrán edificar viviendas protegidas en las parcelas, sin necesidad de modificar los instrumentos de ordenación urbanística, siempre que se respeten una serie de límites. También se promueve la construcción de viviendas públicas en alquiler en parcelas de equipamientos cuando no tengan uso específico o estén calificadas con el uso genérico de interés público y social.
Otra medida que se pone en marcha es la posibilidad de incorporar promociones con un número significativo de viviendas protegidas a la Unidad Aceleradora de Proyectos, que supondrá una mayor agilización en su tramitación, con la condición de que los proyectos residenciales sean de, al menos, 250 viviendas protegidas. Igualmente podrá asignarse el desarrollo de suelo residencial que contemple más de 500 viviendas, con la correspondiente reserva de suelo para vivienda protegida y que implemente medidas adicionales de desarrollo urbano sostenible.
Entre las medidas que buscan la implicación de los promotores en la construcción de viviendas protegidas, está la creación de una bolsa de suelo, que se hará en colaboración con los municipios de más de 100.000 habitantes, para mostrar la disponibilidad existente para construir viviendas a precio asequible. Los ayuntamientos tendrán tres meses para informar de los suelos que tienen de reserva de vivienda protegida, así como las parcelas que son susceptibles de acoger este tipo de viviendas. En paralelo, el promotor dispondrá un sistema ágil de convocatoria para selección de adjudicatarios de vivienda protegida, que se suma al registro de demandantes. Este sistema permite comenzar la precomercialización en caso de venta, para el acceso de los promotores a la financiación. Los ayuntamientos tendrán las competencias para desarrollar y simplificar más este procedimiento.
Los promotores podrán acceder a incentivos para la construcción. Por un lado, podrá acceder a los préstamos de los fondos europeos Next Generation y la Junta abrirá nuevas convocatorias, la próxima este mismo año, de su línea de subvenciones para que los promotores construyan viviendas en alquiler asequible, con precios limitados, sobre suelos públicos o privados y que al menos se mantengan durante 20 años. Las subvenciones pueden alcanzar hasta 50.000 euros por vivienda que se construya.
Por último, el Plan Vive en Andalucía se alinea a los objetivos del plan de choque. De esta manera, se actualizan los coeficientes territoriales que determinan los precios máximos de la vivienda protegida en cada municipio para facilitar su construcción. Así, hay un primer grupo con las capitales de provincia, municipios de más de 25.000 habitantes, para que la diferencia con el precio de la vivienda libre sea, al menos, de un 25%; municipios con una demanda excepcional de vivienda, municipios que dan continuidad a los tejidos urbanos de las capitales o aquellos que tienen condiciones excepcionales por su actividad industrial o económica.
Igualmente, se amplían los destinatarios de viviendas protegidas, permitiendo que familias que no tenían ingresos suficientes para adquirir una vivienda libre puedan beneficiarse de estas políticas. Así, se amplía los límites de ingresos hasta 5,5 veces el IPREM para las viviendas de régimen general, y hasta 7 veces el IPREM en régimen de precio limitado.