La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha hecho un llamado al Gobierno central para que se respeten las competencias de Andalucía y de otras comunidades autónomas en el ámbito universitario. Esta reclamación surge a raíz de la propuesta de modificación del Real Decreto que regula la creación de universidades privadas, planteada durante la reciente reunión de la Conferencia General de Política Universitaria. El secretario general de Universidades de la Junta, Ramón Herrera, ha expresado su preocupación señalando que el nuevo decreto podría rozar la inconstitucionalidad en ciertos aspectos, ya que invade competencias autonómicas y vulnera principios fundamentales como la seguridad jurídica y la lealtad institucional.
La Junta ha presentado alegaciones al borrador del decreto, no tanto por los criterios establecidos por el Ministerio, que considera menos exigentes que los que tiene Andalucía en su marco normativo universitario actual, sino porque considera que algunas partes son «arbitrarias, parciales e injustas» y exceden las competencias del Gobierno central. Desde la Consejería se ha subrayado que la creación de universidades, tanto públicas como privadas, es un asunto que debe corresponder a cada comunidad autónoma.
Entre los puntos destacados por la Consejería se encuentra el hecho de que el borrador estatal establece requisitos para la creación y reconocimiento de campus que van más allá de lo permitido por las bases estatales según la Constitución. Además, exige informes vinculantes de órganos estatales para universidades online promovidas por comunidades autónomas. También se critica que se otorgue a los informes de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) una condición preceptiva y vinculante, lo cual anula la capacidad decisoria de las regiones con sus propios organismos evaluadores.
La Junta ha denunciado una quiebra en la lealtad institucional, manifestando su desacuerdo con el uso de un procedimiento urgente para tramitar este decreto sin justificación clara y limitando la participación pública al omitir consultas y restringir plazos. Asimismo, han advertido sobre el incumplimiento del principio de seguridad jurídica mediante una retroactividad encubierta introducida en el artículo transitorio quinto del decreto. Esta disposición podría afectar iniciativas universitarias previamente aprobadas pero aún no iniciadas en su trámite correspondiente.
Además, se han añadido nuevos requisitos como un número mínimo de estudiantes o porcentajes específicos aplicables a proyectos ya en marcha, sin contemplar un régimen transitorio adecuado ni respetar derechos adquiridos.
Las alegaciones incluyen una crítica al concepto redefinido de universidad con especiales características. Según esta modificación, se exige que más del 80% de las actividades académicas sean virtuales o híbridas. El secretario general ha señalado que «no hay justificación jurídica ni académica» para que el Gobierno mantenga control sobre estas universidades online.
En otro punto, se considera contradictorio que se exima a universidades privadas bajo precios públicos de cumplir con las exigencias establecidas para aquellas con características especiales. La alegación sostiene que si el Estado supervisa estas instituciones debido a su alcance territorial y modalidad docente, no puede renunciar a esta función solo porque operen bajo precios públicos.
Por último, la Junta ha expresado su oposición a los nuevos estatutos propuestos para ANECA durante la Conferencia General. En este documento no se menciona a las agencias autonómicas ni reconoce su labor valiosa. La Consejería también ha criticado cómo ciertas modificaciones ponen en duda la independencia y profesionalidad del trabajo realizado por esta agencia estatal. Por ello, han instado al Ministerio a tomar como modelo el sistema andaluz donde las selecciones docentes son realizadas mediante convocatorias públicas basadas en criterios establecidos por expertos independientes.