Con la llegada del buen tiempo y la temporada estival en el horizonte, las administraciones locales y autonómicas –desde los municipios almerienses hasta la propia Junta de Andalucía– se apresuran a celebrar, con notable entusiasmo, el número de Banderas Azules obtenidas. Estos galardones, en teoría, vienen a avalar la calidad de las playas almerienses y andaluzas, un sello de excelencia que se exhibe con orgullo. Sin embargo, lo que poca gente sabe, y en noticiasdealmeria.com hemos contado en reiteradas ocasiones, es que la realidad detrás de estas insignias no tiene nada de altruista.
Lejos de ser reconocimientos otorgados tras análisis profesionales rigurosos y desinteresados, dedicados exclusivamente a valorar las características intrínsecas de nuestras costas, todo apunta a que nos encontramos ante unos galardones que, en la práctica, se pagan. Y, ¿cuál es el precio de ondear una de estas banderas? Según nuestras informaciones, menos de 500 euros por cada una.
No es una sospecha nueva. Ya hace muchos años, en noticiasdealmeria.com, desvelamos cómo la propia Junta de Andalucía llegaba a otorgar subvenciones a los ayuntamientos. El propósito de estas ayudas no era otro que permitir a las corporaciones locales abonar las tarifas correspondientes a la entidad que concede las banderas. Lo llamativo del asunto es que dichas subvenciones se correspondían, de manera casi milimétrica, con el número de Banderas Azules que posteriormente lucían esos municipios. La matemática parecía sencilla: tanta subvención, tantas banderas.
Más recientemente, este periódico publicaba cómo un ayuntamiento de la provincia incluía el pago de las Banderas Azules del año en curso, y el correspondiente a la siguiente anualidad. Tal y como titulamos en su momento, daba la impresión de que dicho consistorio ya tenía la certeza anticipada de los galardones que le serían concedidos. ¿Adivinación o simple trámite administrativo tras un acuerdo económico?
Hemos sido testigos, además, de cómo estas banderas se han otorgado a puertos deportivos donde un simple paseo permitía constatar que la calidad de sus aguas dejaba mucho que desear. O se han concedido a playas que presentaban un estado francamente mejorable, carentes de servicios básicos para los usuarios. En estos casos, las justificaciones son variopintas: si la playa está descuidada, se argumenta que es una "zona muy virgen"; si apenas hay arena, se aduce que la calidad del agua es lo que prima. Siempre parece existir una excusa para que la fundación privada que las otorga, la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), pueda hacer caja y entregar la bandera a quien esté dispuesto a pagar.
Ahora han recibido Bandera Azul dos playas de nuestra provincia destrozadas por las mareas hasta hacerlas inviables y precisar aportaciones de arena, pero su mal estado no ha impedido el galardón anual, y el año pasado -por poner otro ejemplo fuera de nuestra provincia-, Fuentebravía de El Puerto de Santa María estuvo más de un mes cerrada al baño por “posibles riesgos sanitarios” después que una avería en la estación de aguas residuales obligase a activar el aliviadero de ese arenal, y aunque duró más de un mes, no le implicó la pérdida de la bandera azul.
Este entramado, según nuestras estimaciones, podría mover alrededor de unos 290.000 euros anuales. Una cifra considerable si tenemos en cuenta que, al parecer, prácticamente no se concede ni un solo galardón de forma gratuita o espontánea.
Oficialmente, los inspectores de ADEAC analizan la calidad de la aguas, la limpieza de las arenas, los servicios a los usuarios, las actividades de difusión del respeto por el entorno y la accesibilidad para los discapacitados, entre otros criterios. Lo que sucede es que es extremadamente sospechoso que estos reconocimientos lleguen a lugares cuya calidad es visiblemente escasa, y aún así se les otorguen, como el ya mencionado.
En definitiva, y resumiendo la operativa, parece que nos encontramos ante un modelo de negocio bien estructurado. No es muy distinto al de otras entidades que otorgan galardones en diversos sectores, cuya transparencia y criterios podríamos también analizar. Sin embargo, el caso de las Banderas Azules resulta especialmente llamativo por su impacto en la percepción pública de la calidad turística.
La conclusión es meridianamente clara: puedes tener una playa magnífica, con aguas cristalinas y servicios impecables, pero si el ayuntamiento no puede o no quiere pagar la tarifa correspondiente, no habrá Bandera Azul que izar. Así de simple.
Evidentemente, toda entidad está en su perfecto derecho de trabajar y financiarse como considere conveniente. Pero, del mismo modo, los ciudadanos y los medios de comunicación tenemos el perfecto derecho –y diría que la obligación– de recordar que una Bandera Azul no es siempre una garantía irrefutable de la máxima calidad de una playa y sus aguas. Es un factor a tener en cuenta cuando veamos ondear estos estandartes: detrás del azul intenso, a veces, simplemente hay un recibo pagado. Y eso, los bañistas merecen saberlo.