El Defensor del Pueblo Andaluz ha instado a los ayuntamientos de Adra y Roquetas de Mar a modificar sus criterios para emitir informes de inserción social, documentos clave para que los migrantes puedan acceder al arraigo social. Estas recomendaciones, emitidas tras una actuación de oficio por las quejas 22/4936, buscan eliminar requisitos adicionales no contemplados en la ley, como períodos de empadronamiento excesivos, que obstaculizan el acceso de los inmigrantes a derechos fundamentales.
El Defensor detectó que ambos municipios exigían condiciones irregulares para emitir los informes. En Adra, se solicitaba una antigüedad de 12 meses en el padrón, mientras que en Roquetas de Mar se requerían seis meses de empadronamiento previo. Sin embargo, la normativa estatal y las instrucciones de la Secretaría General de Inmigración y Emigración no establecen dichos plazos, sino que priorizan la valoración integral de la integración social, como el empleo, la participación comunitaria o los vínculos familiares.
Para Adra, el Defensor recomendó:
Elaborar los informes sin exigir requisitos fuera de la ley, como el empadronamiento de un año.
Basar la evaluación en los criterios del artículo 124.2.c del Reglamento de la Ley de Extranjería, que incluyen factores como el arraigo laboral o la escolarización de menores.
En Roquetas de Mar, las exigencias fueron aún más allá:
Eliminar el requisito de seis meses de empadronamiento.
Modificar la normativa local para alinearla con la legislación vigente.
Asegurar que los informes reflejen una ponderación objetiva de los aspectos de integración.
Ambos ayuntamientos rechazaron inicialmente las recomendaciones, alegando "criterios propios de control", lo que el Defensor califica de "inadmisible" en un Estado de derecho.
Esta actuación se enmarca en un debate nacional sobre el empadronamiento. La Resolución de 1997 del Instituto Nacional de Estadística establece que los ayuntamientos no pueden exigir documentos adicionales —como contratos de arrendamiento o autorizaciones de propietarios— para inscribir a vecinos en el padrón, ya que su fin es reflejar la residencia real, no resolver disputas jurídicas. Sin embargo, municipios como Vic (Barcelona) han intentado imponer barreras similares, generando controversia.
El empadronamiento es crucial para acceder a servicios sanitarios, educativos y sociales, especialmente para migrantes irregulares. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, organizaciones denunciaron que 14.000 personas afectadas por la DANA no podían regularizar su situación por falta de padrón, a pesar de tener pruebas alternativas de residencia.
El Defensor subraya que estas resoluciones están alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, particularmente con la reducción de desigualdades y la promoción de sociedades inclusivas . "La migración gestionada adecuadamente es un motor de desarrollo", recalca la institución, recordando que los migrantes contribuyen al progreso económico y cultural.