Este artículo, más que una opinión, es un cúmulo de datos que desmontan un relato. Y los datos no ha tenido que ser rebuscados, ya que sencillamente los ha dado la diputada de Junts, Miriam Nogueras, en el Congreso este pasado miércoles en su interpelación al presidente del Gobierno Pedro Sánchez.
Digo que no es tanto una opinión como una crónica que enfrenta datos con relato. El relato es que la Ley de Vivienda es la panacea para solucionar un problema agravado en los últimos años, y que unida a la enorme cantidad de viviendas puesta en marcha por Sánchez, todo estaría resuelto, si no fuese porque el malvado PP se niega a implementarla en sus autonomías.
Nogueras ha vuelto a poner el dedo en la llaga en un debate que, lejos de apagarse, arde con más fuerza cada vez que un joven se resigna a vivir con sus padres, una familia se hunde bajo el peso de un alquiler abusivo o un abuelo se ve obligado a compartir piso con desconocidos para llegar a fin de mes. Frente a la retórica triunfalista del PSOE, que sigue presentando la Ley de Vivienda como la panacea, Nogueras ha desafiado el relato oficial con algo que muchos políticos temen: datos. Y esos datos no solo desmontan la eficacia de la norma, sino que revelan una verdad incómoda: ni el Gobierno central ni sus socios autonómicos y locales en Cataluña —con Salvador Illa en la Generalitat y Jaume Collboni en el Ayuntamiento de Barcelona— han logrado frenar la crisis. Al contrario, va a peor.
Nogueras no habla desde la teoría. Lo hace desde un territorio donde el PSOE controla tanto la alcaldía de Barcelona como la presidencia de la Generalitat, y donde, sin embargo, el acceso a una vivienda digna se ha convertido en una quimera a pesar de estar plenamente implantada la Ley de Vivienda, y de que el PSOE presume de ello. “Una habitación no es una vivienda digna”, ha recordado con contundencia. Y tiene razón. Mientras el Gobierno central anuncia “lluvias de millones y de pisos” —especialmente en periodo electoral—, la oferta de alquiler en Cataluña se ha desplomado un 56%, superando el 80% en Barcelona. ¿Dónde están esos pisos prometidos? ¿En qué se traducen los titulares grandilocuentes?
La diputada de Junts ha comparado a España con países como Alemania, Dinamarca o Francia, que invierten entre 200 y 300 euros por habitante en vivienda pública, frente a los míseros 34 euros de nuestro país. España, con solo un 1,7% de parque público —frente al 29% de Países Bajos o el 24% de Austria—, sigue anclada en un modelo que prioriza el negocio sobre el derecho a techo. Y Cataluña, lejos de ser la excepción, es el ejemplo más crudo del fracaso.
Nogueras no ha dudado en señalar a los alcaldes de Barcelona —pasados y presentes— como parte del problema. “Ha hecho más vivienda nuestro alcalde Martorell que Colau y Collboni en Barcelona”, ha afirmado. Una frase que duele porque resume una realidad incontestable: las políticas de Ada Colau, centradas en el control de precios y la demonización del propietario, ahuyentaron la oferta. Collboni, heredero de ese legado, no ha logrado revertir la tendencia. Mientras tanto, municipios pequeños, como Martorell, demuestran que es posible gestionar con pragmatismo, lejos de la ideología que paraliza.
El resultado es una generación entera condenada a la eterna adolescencia: jóvenes que no pueden emanciparse, sueldos estancados frente a alquileres desbocados y una clase media que, como advierte Nogueras, está siendo “triturada” por un modelo que solo beneficia a unos pocos.
Lo más grave, sin embargo, no es el fracaso, sino la terquedad en negarlo. El Gobierno de Sánchez insiste en aplicar las mismas recetas —más controles, más restricciones, más burocracia—, ignorando que la escasez de oferta es la raíz del problema. Nogueras lo ha resumido con claridad: “Persisten en el error”. Y mientras persistan, seguirán destruyendo mercado, ahogando a los inquilinos y alimentando la especulación.
La solución, como ha exigido la diputada, pasa por apostar de una vez por la vivienda pública —transferir los pisos de la Sareb a comunidades como ella pide para Cataluña sería un primer paso, aunque ojo, como esto mismo lo pida Andalucía, dirá que a nosotros no... que ya nos conocemos— y por políticas que incentiven, en lugar de castigar, a quienes ofrecen alquiler. Pero para eso hace falta algo que el PSOE parece haber olvidado: humildad para reconocer que su modelo no funciona.
Nogueras ha hecho lo que muchos periodistas y ciudadanos llevan años reclamando: confrontar el relato oficial con la realidad. Y esa realidad, en la Cataluña que aplica esa Ley y en el resto de España, grita que una habitación no es un hogar, un titular no es una política, y una ley inútil no se arregla con más palabrería. Basta de maquillar estadísticas. Es hora de construir (también viviendas).