El aforamiento, una figura jurídica que siempre ha levantado ampollas por su vinculación a los privilegios, vuelve a estar en el ojo del huracán polític. El reciente movimiento de Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz, lo ha puesto de manifiesto. Al ver las orejas del lobo judicial por su presunta implicación en el "enchufe" de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Gallardo ha protagonizado una maniobra digna de análisis.
Ante la inminente apertura de juicio oral contra David Sánchez, la jueza ha ordenado directamente la comparecencia, y Gallardo, para evitar ser juzgado por un tribunal común, ha corrido a obligar a dimitir a casi media docena de parlamentarios socialistas extremeños. ¿El objetivo? Acceder a un escaño en la asamblea autonómica y, de este modo, quedar aforado. Una vez conseguido, no ha tardado en comunicárselo a la jueza, buscando que el caso cambie de manos y sea trasladado a una instancia superior, en este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
¿Pero ésto ha sido una jugada astuta o una torpeza propia de quienes no comprenden del todo el aforamiento?
En España, la cifra de aforados es asombrosa: alrededor de 250.000. De estos, 232.000 son miembros de los cuerpos de seguridad del Estado y autonómicos, jueces, fiscales... Las instituciones del Estado y las comunidades autónomas suman 17.603 entre parlamentarios, consejeros y otros cargos. A ellos se unen los cinco miembros de la Familia Real.
Se da la circunstancia de que quienes más posibilidades tienen de acabar enfrentándose a la justicia por razón de su gestión son los concejales y alcaldes, así como los diputados provinciales y los presidentes de las diputaciones, por cuanto firman contratos, adjudicaciones, manejan presupuesto... pero un parlamentario, ya sea del partido del gobierno o de la oposición, no tiene capacidad para cometer prevaricaciones, cohechos... por ejemplo, José Luis Ábalos está aforado como diputado, pero sus presuntos delitos fueron cometidos como ministro ¿es sensato que una instancia te proteja de los delitos cometidos en otra?
Es inevitable recordar que el propio Pedro Sánchez prometió en su momento reducir el número de aforados a la mínima expresión. Sin embargo, como otras promesas –el fin de la pobreza infantil o la solución al problema de la vivienda, que se han agravado bajo su mandato–, esta ha quedado en el tintero.
La cuestión fundamental para cualquier ciudadano es simple: ¿qué preferiría? ¿Ser juzgado por un juez de primera instancia, con la posibilidad de recurrir a la Audiencia Provincial, al Tribunal Superior de Justicia, y, en última instancia, al Tribunal Supremo, e incluso, según las circunstancias, al Constitucional? ¿O preferiría que su caso fuera directamente al Tribunal Supremo, lo que implicaría no tener más capacidad de recurso al ser la última instancia?
Seguramente, la mayoría de los lectores preferirían tener más oportunidades para demostrar su inocencia. Sin embargo, los políticos, en muchos casos, optan por el aforamiento.
Existen dos razones principales que podrían explicar por qué los políticos prefieren el aforamiento:
Influencia política y Tribunal Supremo: Si bien las posibilidades de influencia política en los jueces de los tribunales superiores de justicia autonómicos son remotas, no ocurre lo mismo en el Tribunal Supremo. Allí, son los políticos quienes deciden la composición de la cúpula del Consejo General del Poder Judicial, lo que genera una percepción de influencia política. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría de los jueces priorizan su labor, y la influencia política puede jugar tanto a favor como en contra del encausado. Arriesgarse a una única instancia judicial con jueces cuya designación ha podido tener un componente político es una apuesta. Insisto, estar aforado para que te investigue y juzgue alguien a quien has colocado puede tener sentido, pero eso solo pasa en el Supremo, con en los altos tribunales autonómicos, pero además, igual que puede haber una mayoría política favorable al reo, puede ocurrir justo lo contrario.
Alargar los procedimientos: Para muchos políticos, el aforamiento es una estrategia para dilatar los procesos judiciales. Cuando un asunto llega a un juzgado normal y se empieza a investigar, el que puede quedar aforado lo que hace es aguantar, esperar hasta que el asunto llegue a su límite. Como ha hecho Gallardo, recurre a su aforamiento justo cuando se va a abrir el juicio oral. Esto implica que todo el voluminoso expediente –documentos, informes, declaraciones– tenga que ir al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que tendrá que empezar a estudiar de nuevo, folio por folio. Con un poco de suerte, el tiempo pasará y la justicia, aunque inexorable, se retrasará, y para el culpable, cuanto más tarde en llegar, mucho mejor.
El caso de Miguel Ángel Gallardo reabre el debate sobre la verdadera naturaleza del aforamiento, pero lo que deja claro es que en esta caso concreto, la cosa debe estar muy negra para que este político haya tomado estas decisión exprés.
Parece razonable eliminar todos los aforamientos (incluidos los correspondientes a la Jefatura del Estado y su entorno) o al menos reducirlos y reordenarlos.