Los vecinos de las 53 viviendas situadas en el número 134 de la calle Catania de Aguadulce, en Roquetas de Mar (Almería), han celebrado este jueves los contactos directos establecidos con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para regularizar la situación de sus viviendas sobre las que, según han apuntado, se llegó a emitir una orden de desahucio.
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"El Sareb se ha puesto en contacto con nuestro abogado, se va a iniciar un procedimiento de conversación, de acercamiento, de ver qué es lo que quieren, qué necesitan, que es lo que desde un primer momento las 53 familias hemos estado insistiendo en conseguir", ha explicado en rueda de prensa el portavoz de los vecinos del edificio Vistaverde, Javier Rodríguez.
El representante vecinal ha señalado los contactos que se han mantenido este miércoles con los grupos parlamentarios en el Congreso de Podemos, Sumar y PSOE de cara a dar cuenta de su situación y tratar de encontrar una solución. En este sentido, ha apuntado que el diputado nacional socialista Juan Antonio Lorenzo consiguió ponerlos en contacto con la Sareb mediante un canal directo para hacer llegar sus peticiones.
Rodríguez ha señalado que los contactos han permitido iniciar una vía de diálogo directo entre la Sareb y el representante legal de la comunidad de vecinos, el letrado Jesús Yebra, a fin de intentar formalizar la situación de los arrendatarios del inmueble, que fue subastado a finales de noviembre de 2023 y del cual la sociedad aún no ha podido tomar posesión, según la entidad.
Según trasladó la propia Sareb en un comunicado, el anterior propietario cedió los derechos de explotación y alquiler a una tercera empresa que, pese a los requerimientos judiciales, "no ha presentado la documentación que acredite el contrato de explotación", motivo por el cual el juzgado aún no ha autorizado la entrega.
A pesar de esta situación jurídica, la entidad avanzó su intención de "trabajar con cada familia para establecer si existen casos de vulnerabilidad". En tales casos, ofrecerá su incorporación a un Programa de Alquiler Social con acompañamiento o bien analizará la situación contractual de cada arrendamiento previo.
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El representante de la comunidad de vecinos, quien ha agradecido el apoyo de los medios para conseguir desbloquear la situación, ha incidido en que hasta el momento los arrendatarios no habían tenido contestación a los múltiples requerimientos realizados para mantener sus derechos como inquilinos sobre un edificio al que accedieron cuando aún estaba inacabado en 2008.
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En este sentido, han recordado que desde noviembre de 2023 enfrenta problemas para conseguir abonar al alquiler debido a que la empresa con la que hasta ese momento contactaban no giraba los recibos, toda vez que la Sareb no estableció una vía de pago.
"No nos han dado opción para pagar nuestro alquiler", ha insistido Rodríguez a la hora de recalcar que quienes habitan en los pisos no son "ocupas", ni "morosos", ni "delincuentes".
“Respirar aliviados, aunque sin bajar la guardia”. Así es como desde Izquierda Unida Roquetas de Mar se recibe la noticia de la suspensión del desalojo de las 53 familias del residencial Vistaverde en Aguadulce. “Un triunfo de la presión social y política, sí, pero también una batalla inconclusa. Porque la realidad es que el problema va mucho más allá de este caso concreto”.
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Belén Pérez, coordinadora local de IU en Roquetas de Mar, lo dice claro: “Nos alegramos de que la Sareb haya paralizado el desahucio, pero nos inquieta profundamente el criterio que se utilizará para determinar qué familias son vulnerables y cuáles, supuestamente, no lo son. En una provincia donde los alquileres suben sin control y los pisos turísticos desbordan el mercado, este tipo de filtros pueden dejar fuera a familias trabajadoras que están en una situación desesperada pero que, a efectos burocráticos, no cumplen con ciertos requisitos”.
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Y es que el problema no es nuevo. Desde IU Roquetas de Mar recuerdan que llevan tiempo denunciando que la Sareb, entidad creada para gestionar activos inmobiliarios problemáticos, “ha estado operando de una forma opaca, permitiendo la acumulación de viviendas en manos de fondos de inversión mientras familias almerienses luchan por mantenerse bajo un techo. La historia se repite una y otra vez: desahucios silenciosos, contratos irregulares, incertidumbre constante”. “Lo que hoy viven estas 53 familias, podría pasar mañana en otro barrio, en otra ciudad. Y lo peor es que pasará si no lo frenamos”, advierte Pérez.
Desde la organización subrayan que su labor en defensa de las familias trabajadoras de la provincia no depende de la repercusión mediática de un caso concreto. “Izquierda Unida ha estado siempre presente, trabajando codo a codo con quienes más lo necesitan, independientemente de los focos o titulares. Nuestro compromiso es constante y va más allá de la atención puntual que pueda generar un problema concreto”, recalca la coordinadora local.
Para reforzar esa lucha, el pasado 28 de mayo representantes de las familias afectadas de Vistaverde viajaron al Congreso de los Diputados para reunirse con Toni Valero, diputado por Sumar y coordinador de IU Andalucía. En el encuentro estuvieron presentes Zacarías Lekal, concejal portavoz de IU y Podemos en Roquetas de Mar, y Mª del Mar Palenzuela, secretaria de organización de IU en la provincia de Almería. Allí se habló sin rodeos de la necesidad urgente de frenar los desahucios encubiertos y de encontrar fórmulas que garanticen el acceso a vivienda digna para las familias afectadas por la gestión de la Sareb.
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Lekal lo dejó claro tras el encuentro: “Tenemos que ir más allá de lo inmediato. No queremos solo evitar este desahucio, queremos poner fin a estas prácticas injustas”. Su intervención subrayó la urgencia de una regulación efectiva que impida que los fondos de inversión y la especulación sigan expulsando a familias de sus hogares bajo la mirada cómplice de administraciones que, hasta ahora, han hecho poco por revertir la situación.
Además, desde IU Roquetas de Mar no dejan de mirar más allá de Vistaverde, hacia esas otras comunidades en Aguadulce y El Toyo que atraviesan circunstancias similares pero sin el foco mediático que este caso ha logrado atraer. “Nos preocupa enormemente que estas familias no tengan la visibilidad necesaria para que sus problemas también sean atendidos”, señala Pérez. Por eso, la organización se pone a su disposición y se compromete a seguir trabajando en la misma línea que acordó con los vecinos de Vistaverde, “impulsando soluciones reales”.
"Celebramos que el desalojo haya sido paralizado, pero no podemos obviar que el problema no debería haber llegado a este punto. La Sareb es un organismo que depende de los ministerios competentes y, por tanto, de quienes tienen la capacidad de impedir que situaciones como esta se produzcan en cualquier punto de nuestra geografía. Que haya sido necesaria una movilización social y política para frenar un desahucio injusto es un síntoma de una gestión que debe corregirse de raíz. Desde Izquierda Unida seguiremos exigiendo responsabilidades y soluciones estructurales que garanticen que no haya más familias en esta incertidumbre."
La presión continúa. “No vamos a relajarnos hasta que las 53 familias tengan asegurada una vivienda digna, y tampoco vamos a dejar de denunciar la falta de regulación del mercado de alquiler y la falta de viviendas sociales y alternativas habitacionales, que cada día deja a más familias en una situación insostenible”, concluye Pérez. “Porque esto no va solo de un edificio en Aguadulce. Esto va de un modelo de gestión que, si no se combate, seguirá expulsando a familias obreras de sus hogares”.
El diputado nacional por el PSOE de Almería y vocal de la Comisión de Vivienda, Juan Antonio Lorenzo Cazorla, y el portavoz de la Comisión de Vivienda en el Congreso de los Diputados, Ignasi Conesa, han recibido a representantes de las familias del edificio Vistaverde de Roquetas de Mar a quienes han comunicado de primera mano las recientes conversaciones mantenidas con la Sareb. La sociedad ha asegurado que actualmente “no tiene intención de vender el bloque de viviendas” lo que es considerado una “buena noticia” por parte del representante socialista.
Según Juan Antonio Lorenzo, Sareb “va a respetar los contratos de alquiler que estén en vigor” y ha puntualizado que el problema se ha debido a “una falta de información y de coordinación”. “La labor del PSOE ha sido la de poner a ambas partes en contacto directo y existe una buena voluntad por los dos lados de alcanzar un acuerdo satisfactorio”. “La Sareb no ha vendido a ningún tipo de fondo esta propiedad, sino que lo sigue manteniendo y, lógicamente, respetará las normas en cuestiones de alquiler, especialmente, para las familias más vulnerables”, ha explicado. De igual modo, ha puesto voz a los argumentos esgrimidos por las familias respecto a que quienes allí habitan “no han ocupado las viviendas de manera ilegal, sino que su situación proviene de un alquiler por parte de una tercera empresa”.
El diputado socialista ha manifestado su satisfacción porque ambas partes hayan aclarado los conceptos y ha subrayado que esa era “la misión” de los diputados y dirigentes socialistas, la de “representar a los vecinos y las vecinas de Almería ante cualquier vicisitud que pudieran tener con una sociedad que, como la Sareb, cuenta con una parte pública”. “Confiamos en que, a partir de ahora las negociaciones vayan por mejor camino atendiendo a que ya existe una comunicación entre las partes”, ha expresado el diputado socialista.
El PSOE ha sido parte activa en la resolución de este conflicto, según ha señalado Juan Antonio Lorenzo, quien ha recordado que, previamente, las familias mantuvieron un encuentro tanto con él, como con el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Manolo García, y con el concejal socialista roquetero Rafael Torres, quienes iniciaron las primeras consultas y contactos para solucionar su situación.