Los políticos no quieren reconocer los altercados e inconvenientes que viene creando los emigrantes ilegales, también llamados menas, a los que se les alojan en hoteles en muchas ciudades del país. Uno entiende que los políticos se pongan orejeras cuando de cubrir las corruptelas de sus familiares y compañeros se trata, y carguen contra la Uco, jueces y medios de comunicación. No deja de ser paradójico que ante los altercados y la violencia que se viene viviendo en zonas de Almería, caso de Roquetas, esas orejeras de nuestros políticos se conviertan en ceguera total. Si tan ciegos son ante la realidad que se está viviendo en estos momentos en los centros y alrededores donde viven estas personas, lo mejor que podían hacer es buscarse una salida de futuro en la Once.
Después, cuando lleguen las lamentaciones, hasta ahora son pequeños altercados, manifestaciones, algunos de ellos no tan pequeños, oiga, acusarán a la sociedad de racista, de fachas y de todo lo que se les ocurra. No quieren ver la verdad los políticos del Psoe que mandan en el gobierno de Madrid ante lo que están logrando con la inmigración ilegal, y en algún momento les va a reventar ante la cara. Lo malo es que ellos no lo van a pagar, ellos estarán protegidos, tienen al tal Marlaska, o su posible sustituta, seremos los ciudadanos de a pie los que al final paguemos por los grandes errores cometidos por el gobierno de Pedro Sánchez, mientras José María Martín mirará para otro lado, y nos dirá que fue algo sin importancia, un solo incidente y por parte de una sola persona. Pero no dijo nada los hechos anteriores, tres le han recordado los medios. Debe padecer dismnesia.
Almería ya vivió una terrible jornada hace años en el Poniente, y no nos gustaría que se volviera a repetir. Los ciudadanos, y no solo los almerienses, han venido demostrando en estos años paciencia, apertura de brazos y colaboración ante los migrantes que han venido a trabajar, a crearse una vida entre nuestra gente. Pero no parece que el gobierno, sus ministros y sus representantes en las provincias estén preocupado por los barrios que se están creando en nuestras ciudades, por los guetos formados donde la policía ya no se atreve a entrar, por los altercados en los hoteles donde les pagamos la estancia a los ilegales, por los delitos que se intentan esconder desde la clase política. Por esa prohibición de dar los nombres de los delincuentes, no sea que el ciudadano se percate de quiénes son los que en estos momentos están violentando, presuntamente, la vida de la sociedad, de nuestros hijos y familiares.
Decir esto es peligroso, nos pueden acusar de delito de odio. ¿Qué hacemos entonces? Nos callamos. Dejamos que estos políticos sigan haciendo lo que les dé la gana con nuestras vidas y haciendas, con nuestras familias. ¿Ponemos la otra mejilla? Eso nos dirá algún obispo, bien guardado, lustroso y bien alimentado: Pongamos la otra mejilla. Vale, pero que empiecen ellos.