La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha dado a conocer el lanzamiento de un innovador proyecto que permitirá la recogida científica de arribazones del alga invasora ‘Rugulopteryx okamurae’. Este estudio se enfocará en su potencial como fertilizante y bioestimulante agrícola sostenible, con el objetivo de mitigar su impacto ecológico y explorar usos beneficiosos para el sector agrícola. Este es el primer proyecto autorizado desde la aprobación en 2023 de la Estrategia Nacional.
El anuncio se realizó durante una reunión en Tarifa, donde estuvieron presentes varios representantes institucionales, incluyendo al alcalde de la localidad, José Antonio Santos, así como investigadores y miembros del equipo que participará en esta iniciativa pionera en Andalucía. Entre los asistentes también se encontraban el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Cádiz, Óscar Curtido, y otros concejales responsables del área medioambiental.
Catalina García enfatizó que este proyecto es significativo ya que permitirá la recolección controlada y con fines científicos de los restos del alga asiática en playas de Tarifa y Algeciras. “Hoy damos un paso importante con esta autorización porque, por primera vez, vamos a estudiar con rigor las posibilidades reales de aprovechamiento agrícola de esta biomasa”, afirmó la consejera.
Este piloto cuenta con el respaldo del Instituto Andaluz de Biotecnología y Desarrollo Azul de la Universidad de Málaga. Se llevará a cabo bajo estrictas condiciones de seguridad biológica y control ecológico. El alga será transportada en envases herméticos hasta una finca en Castellar de la Frontera para su procesamiento, garantizando que no habrá reproducción ni expansión del organismo. Además, la recolección se limitará a arribazones ya desprendidos, protegiendo así tanto al alga viva como al ecosistema marino.
García destacó que este proyecto representa una oportunidad para mitigar el daño ecológico causado por esta especie invasora y abre la puerta a un modelo de economía circular, donde un problema ambiental puede transformarse en una oportunidad para la agricultura sostenible e innovación. Por otro lado, recordó que el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria (IFAPA) también está investigando el uso del alga como abono.
La consejera subrayó que esta iniciativa forma parte del Plan de Gestión frente al alga ‘Rugulopteryx okamurae’, el cual está siendo desarrollado por la Consejería. Este plan incluye estrategias como investigación aplicada, vigilancia sobre la expansión del organismo, sensibilización ambiental y gestión segura de su biomasa. “No podemos permitir que un problema tan grave quede sin respuesta”, añadió.
Durante su intervención, Catalina García mencionó el impacto negativo que tiene esta alga sobre los ecosistemas marinos andaluces, especialmente en el Estrecho de Gibraltar. La invasión ha generado costes elevados para los municipios debido a las limpiezas necesarias y afecta directamente a las actividades pesqueras locales. Esta situación representa una amenaza para la biodiversidad, la pesca artesanal y el turismo costero.
El Plan responde a la Estrategia Nacional de Control de la ‘Rugulopteryx okamurae’, alineándose con normativas europeas que permiten excepciones controladas para fines científicos o interés público. “Necesitamos una visión futura que aproveche los conocimientos científicos”, concluyó García.
En cuanto al sector pesquero afectado por esta problemática, Catalina García reafirmó el compromiso de la Junta con los municipios más impactados. Destacó que Andalucía ha sido pionera en ofrecer ayudas específicas para apoyar a los pescadores afectados por esta especie invasora. “Ahora damos un paso más apostando por investigar y valorizar esta biomasa”, expresó.
Asimismo, instó al Gobierno central a implicarse más activamente en este asunto crítico para gran parte del litoral andaluz. Solicita reformas normativas que faciliten el uso controlado de la biomasa y apoyos económicos específicos para aliviar las cargas financieras que enfrentan los ayuntamientos.
El proyecto autorizado tendrá una vigencia inicial hasta diciembre de 2035, aunque podría ser revocado si se detectan incumplimientos ambientales. Se requerirá elaborar informes anuales sobre resultados y metodologías, asegurando contacto previo con los servicios ambientales antes de cada actuación.
Catalina García valoró positivamente la participación educativa dentro del proyecto, resaltando cómo estudiantes locales están involucrados en soluciones innovadoras frente a retos ambientales actuales. “Ellas son un ejemplo claro del papel fundamental que juega la educación pública en estos desafíos”, concluyó.