Decenas de jueces y fiscales se han congregado este [día] ante la Audiencia Provincial de Almería en una protesta coordinada en toda España contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) impulsada por el Gobierno, y acuñada con el apellido del ministro del ramo, Felix Bolaños. La movilización, respaldada por asociaciones judiciales, ha incluido la lectura de un manifiesto en el que rechazan los cambios previstos, especialmente el acceso libre a la carrera judicial, que, según denuncian, vulnera los principios constitucionales de "igualdad, mérito y capacidad" reconocidos en el artículo 103 de la Constitución.
Los manifestantes exigen un "pacto de Estado" para abordar los problemas de la Justicia, lejos de lo que consideran "imposiciones políticas". Miguel Márquez Granados, magistrado titular del Juzgado número 8 de Almería y portavoz de la protesta, ha declarado: "Hay que dar marcha atrás porque la Justicia lo que verdaderamente necesita ahora mismo es un gran pacto de Estado. Es decir, que todos los operadores se pongan de acuerdo, dialoguen y vean los verdaderos problemas de la Justicia y se afronten con un auténtico pacto de Estado".
Entre las críticas, destacan el temor a que la reforma mine la independencia judicial y la separación de poderes. Los jueces insisten en que cualquier modificación debe garantizar la imparcialidad y evitar la politización. "Pedimos respeto a la separación de poderes y mantener nuestro total y absoluto compromiso por la independencia judicial", subrayó Márquez Granados.
La concentración en Almería se enmarca en una ola de protestas en capitales como Madrid, Barcelona o Sevilla, reflejando el malestar del colectivo. El Gobierno defiende que la reforma modernizará el sistema, pero los jueces advierten de que, de seguir adelante, recurrirán al Tribunal Constitucional. La polémica abre un nuevo frente en la ya tensa relación entre el poder judicial y el Ejecutivo.