Un informe de la Guardia Civil revela que los dos números dos de Pedro Sánchez, es decir el exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos y también ex ministro de Transportes, su sustituto en el cargo de partido, Santos Cerdán, y Koldo García, se repartieron 550.000 euros en comisiones por obras en Murcia y Almería, incluyendo una adjudicación en la provincia almeriense a una UTE con la segunda oferta más cara entre catorce licitadoras
Noticias de Almería ha tenido acceso al informe 96/2025 de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, fechado el 5 de junio de 2025, centrado en las presuntas irregularidades en la contratación pública de obras vinculadas al Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos como ministro. El documento aporta novedades relevantes que amplían el foco de la conocida como trama Koldo, señalando de manera directa la implicación de Santos Cerdán, actual número dos del PSOE y secretario de Organización, en las gestiones para amañar adjudicaciones millonarias.
Según el informe, parte de las comisiones investigadas —que alcanzarían los 550.000 euros— provendrían de dos adjudicaciones específicas: una en la Región de Murcia y otra en la provincia de Almería, concretamente del proyecto de construcción del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad en su tramo Pulpí-Vera, licitado por ADIF Alta Velocidad.
La obra fue licitada el 4 de junio de 2018 bajo el expediente 3.18/20830.0165. A la licitación concurrieron 14 empresas o uniones temporales de empresas (UTE). Entre ellas, resultó adjudicataria el 31 de enero de 2019 la UTE formada por Acciona Construcción S.A. y Ferrovial Agroman S.A., por un importe final de 121.196.734,32 euros, IVA incluido. Hay que detallar que la licitación salió por un montante superior a los 170 millones de euros.
Lo llamativo del caso es que esta UTE presentó la segunda oferta más cara de todas las licitadoras, superada solo por la propuesta de la Compañía General de Construcción Abaldo S.A., que presupuestó 124.565.000 euros. Sin embargo, la oferta económica de la UTE ganadora no fue un impedimento, gracias a que obtuvo la mejor puntuación (38,80 sobre 40) en los criterios técnicos no valorables mediante fórmulas, es decir, la parte subjetiva del proceso de evaluación.
El informe de la Guardia Civil señala que la ponderación subjetiva fue decisiva para inclinar la balanza hacia esta adjudicataria, a pesar de que otras empresas presentaron presupuestos más bajos y también competían con plazos similares de ejecución (30 meses). Por ejemplo, la UTE formada por Construcciones Tejera (empresa almeriense), Peninsular de Contratas y Sociedad General de Obras ofertó 116.853.326 euros; y la UTE de Constructora San José y Comsa propuso 118 millones.
En este contexto, la UCO detalla que, durante una conversación intervenida entre Santos Cerdán y Koldo García el 12 de febrero de 2022, el segundo asegura que hasta esa fecha se habrían abonado 550.000 euros a José Luis Ábalos procedentes de “prolíficas adjudicaciones” en Murcia y Almería. Según el informe, parte de ese dinero provendría de la adjudicación investigada en Almería.
El documento va más allá, especificando que Acciona Construcción, ya fuera en solitario o formando UTEs con otras constructoras, habría abonado —o estaba comprometida a abonar— pagos relacionados con esta trama corrupta. Además de los 550.000 euros ya mencionados, se recoge un pago de 727.000 euros vinculado a la compra de un inmueble (no asociado aún a una obra concreta), y otros 450.000 euros pendientes relacionados con tres adjudicaciones a Acciona en Logroño, Sevilla y Sant Feliu de Llobregat.
Hasta ahora, el foco del caso estaba centrado en José Luis Ábalos, exministro de Transportes, y su entonces asesor y mano derecha Koldo García, detenidos en febrero de 2024 por su implicación en otra parte de la trama relacionada con mascarillas y contratos exprés durante la pandemia. Sin embargo, el informe al que ha accedido este medio sitúa de lleno a Santos Cerdán en la cúspide de las maniobras para dirigir adjudicaciones, lo que implicaría que la estructura corrupta sobrevivió incluso tras la salida de Ábalos del Gobierno.
La UCO considera acreditado que el trío Ábalos-Koldo-Cerdán habría participado en la manipulación de contratos públicos en favor de determinadas constructoras a cambio de comisiones millonarias. La operación se articulaba a través de la inflación de precios, la puntuación técnica subjetiva y el control de organismos públicos como ADIF, dependientes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA).
La documentación recopilada por la Guardia Civil ya ha sido remitida a la Audiencia Nacional, que instruye la causa. Se espera que en los próximos días se cite a declarar a nuevos testigos e imputados, entre ellos podrían figurar directivos de las constructoras adjudicatarias así como altos cargos del PSOE vinculados a las decisiones del MITMA en la anterior legislatura.
Por lo pronto, este nuevo informe arroja luz sobre cómo la corrupción salpicó directamente a obras clave del AVE en Almería, una provincia históricamente reivindicativa con las infraestructuras ferroviarias, y cuyas esperanzas de progreso fueron utilizadas —presuntamente— para engordar bolsillos ajenos.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil afirma que los contratos de obra pública investigados por el Tribunal Supremo en el 'caso Koldo' fueron adjudicados a las empresas Acciona, Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC). Estos proyectos se destinaron a comunidades como Andalucía, Asturias, Cataluña, Galicia, La Rioja, Murcia y Teruel.
Así lo revela un oficio de 490 páginas, al que ha accedido Noticias de Almería, que motivó al magistrado Leopoldo Puente a ordenar los registros en la vivienda del exministro José Luis Ábalos y en varias empresas el pasado martes.
El informe analiza diversas grabaciones realizadas por el exasesor Koldo García entre 2019 y 2023, encontradas en sus dispositivos. En las conversaciones, en las que aparecen Koldo, Ábalos y el hasta ahora secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se observa que intentaban cobrar "presuntas contraprestaciones económicas" derivadas de la adjudicación de obra pública, especialmente a Acciona SA y su filial Acciona Construcción SA.