Una de las últimas licitaciones impulsadas por ADIF Alta Velocidad para la construcción de la línea de Alta Velocidad Murcia-Almería ha sufrido un nuevo pequeño e inesperado retraso. Esta vez, la causa no ha sido un problema técnico, administrativo ni presupuestario, sino una curiosa modificación en los criterios de solvencia exigidos a las empresas aspirantes.
En concreto, según ha podido saber Noticias de Almería, se trata del contrato de Consultoría y asistencia para el control de la ejecución de las obras de los proyectos: "Montaje de vía de la LAV Murcia – Almería. Tramo: Vera- Almería" y "Base de montaje y acopios de balasto para el montaje de vía de la L.A.V. Murcia-Almería. Tramo: Lorca-Almería en Almería". Un contrato crucial para supervisar parte del montaje de vía de esta infraestructura ferroviaria, que además cuenta con financiación europea procedente del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y cuyo valor estimado asciende a 2.073.168,10 euros (IVA incluido).
El anuncio de licitación fue publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el pasado 29 de abril de 2025, aunque no apareció en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hasta el 6 de mayo. Apenas unos días después, el 30 de mayo, ADIF Alta Velocidad emitía una escueta “nota informativa” comunicando que la fecha de presentación de ofertas y apertura económica quedaba suspendida. No se daban más detalles.
Hubo que esperar hasta el 12 de junio para conocer el motivo real de esa suspensión. Y ahí es donde comienza lo realmente llamativo de este asunto.
La razón de la suspensión fue la necesidad de modificar uno de los apartados técnicos del pliego: concretamente el punto 6.3, que regula las condiciones de solvencia técnica particular.
En la versión original del pliego, uno de los requisitos mínimos era la aportación de un perfil técnico muy específico:
“Un técnico de edificación con titulación universitaria de nivel 3 del MEC o nivel 7 del EQF, por ejemplo arquitectura (sin carácter exclusivo), con una experiencia mínima de 5 años, de los cuales al menos 2 deben haber sido en tareas de gestión de riesgos en el sector ferroviario y puestas en servicio.”
Es decir, no bastaba con experiencia en construcción: se pedía experiencia concreta en gestión de riesgos ferroviarios y puesta en servicio. Algo que, dada la naturaleza del contrato, tenía todo el sentido.
Sin embargo, en la versión modificada, ese nivel de exigencia se elimina por completo. Ya no se exige experiencia en gestión de riesgos ferroviarios ni participación en puestas en servicio. Ahora basta con acreditar trabajos de ejecución y control de obra de edificación, sin más.
En otras palabras: se ha eliminado la especialización ferroviaria en un contrato que precisamente trata del control de una obra ferroviaria.
La modificación, aparentemente menor, cambia de forma sustancial el perfil de técnicos que pueden optar a la licitación. Lo que antes exigía un conocimiento muy específico del ámbito ferroviario, ahora puede ser cubierto por profesionales del ámbito general de la edificación, lo que podría abrir la puerta a más empresas, pero también plantea dudas sobre la calidad del control que se pretende ejercer sobre una infraestructura clave para el Corredor Mediterráneo.
Resulta especialmente significativo que se haya tomado esta decisión en un contrato plenamente financiado por fondos europeos, que habitualmente están sometidos a altos estándares de calidad y supervisión.
Una vez introducida esta modificación, la licitación sigue adelante, y la nueva fecha para la presentación de ofertas ha quedado fijada para el próximo 23 de junio a las 13:00 horas.
El tramo Vera-Almería forma parte del trazado final de la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Murcia y Almería, una infraestructura largamente esperada por la provincia y considerada esencial para su integración en la red nacional y europea de transporte ferroviario.
Este nuevo retraso, aunque aparentemente menor, se suma a la larga lista de contratiempos y ajustes que han caracterizado la ejecución de esta línea.