La riqueza en el mundo está mutando a un ritmo que pocos hubieran pronosticado tras la pandemia. Según el World Wealth Report 2025 de Capgemini, España cerró 2024 con 246.000 grandes patrimonios, 4.000 menos que un año antes (-1,6%), pero con un volumen agregado de 645.000 millones de euros.
Un 1% superior gracias al empuje de los mercados bursátiles y al repliegue de la inflación. Los gestores privados detectan un patrón común, pues cuando la volatilidad sacude la renta fija y la renta variable tradicionales, los altos patrimonios buscan refugio en activos alternativos más audaces, entre ellos el mercado cripto.
El giro estratégico resulta claro en los datos que Capgemini traza de los High-Net-Worth Individuals (HNWI). El 15% de sus carteras ya descansa en inversiones alternativas, como capital riesgo, infraestructuras y, cada vez más, criptoactivos, frente al 9% de hace apenas tres ejercicios.
Esta asignación, que en España equivale a unos 97.000 millones de euros, marca el paso a una etapa donde la pregunta no es si invertir en cripto, sino en qué nuevas criptomonedas apostar para capturar el próximo ciclo alcista. Y el mercado ofrece muchas guías e información para eso. Además, el trasfondo macro refuerza la tendencia.
Tras cerrar 2024 con una inflación media del 2,8% y un IPC armonizado del 2,8%, según el INE, los gestores patrimoniales dudan de que los rendimientos de la deuda pública compensen la pérdida de poder adquisitivo a medio plazo. De ahí que los bonos ligados a la inflación y los depósitos estructurados cedan terreno en favor de activos digitales.
Eso sí, aquellos capaces de ofrecer alfa, rendimiento por encima del mercado, aun en entornos de tipos altos. La coyuntura demográfica añade pólvora a la rotación. Capgemini calcula que en las próximas dos décadas se transferirán 83,5 billones de dólares desde los baby boomers hacia herederos millennial y Gen Z.
Algunos receptores declaran su preferencia por soluciones descentralizadas, tokenización de activos reales y participación directa en protocolos DeFi, lo que obliga a los private banks españoles a rediseñar sus catálogos de producto. Mientras tanto, la demanda de criptoactivos se sofistica.
Los inversores más conservadores siguen apostando por Bitcoin y Ethereum como reserva de valor, pero las grandes fortunas ya exploran Solaxy (energías renovables tokenizadas), Celestia (datos modulares) o Jito (staking líquido en Solana) como vehículos para diversificar riesgo tecnológico y obtener rendimientos de doble dígito.
Esa búsqueda de early alpha explica que el 40% de los criptoinversores españoles prefiera Bitcoin solo como posición defensiva. A efectos prácticos, la “criptoficación” de las carteras HNWI no implica abandonar los activos tradicionales, sino redefinir su función.
El benchmark ya no es el bono alemán a diez años, sino la capacidad de combinar liquidez inmediata con exposición a tecnología, inteligencia artificial y tokenización de la economía real.
El viraje hacia los criptoactivos no se limita a comprar y mantener Bitcoin. Los family offices asentados en Madrid, Barcelona o Valencia, que gestionan, según el informe OpenWealth-finReg360, cerca de 12.000 millones de euros, han empezado a reestructurar sus carteras para blindarse ante el ciclo de tipos altos.
La asignación media en activos digitales pasó del 7% en 2022 al 14% en 2024, muy cerca del 15% que Capgemini detecta como media global entre los HNWI. Y la regulación europea es muy importante para que el dinero patrimonial entre con fuerza. El reglamento MiCA entró plenamente en aplicación el 30 de diciembre de 2024.
España ha acortado a doce meses el periodo transitorio para adaptarse, de modo que cualquier proveedor de servicios cripto deberá estar autorizado por la CNMV antes del 30 de diciembre de 2025.
Entre los requisitos están la obligación de dotarse de un seguro contra ciberataques y de publicar un “libro blanco” con riesgos y métricas on-chain de cada criptoactivo. Hacienda también endureció el reporte.
Desde 2024, los patrimonios que mantengan criptoactivos en el extranjero superiores a 50.000 de euros están obligados a presentar el Modelo 721, además de declarar plusvalías en el IRPF con un tipo que oscila entre el 19% y el 28%.
Este doble control ha llevado a los grandes patrimonios a centralizar la custodia en entidades con licencia MiCA para simplificar la trazabilidad ante el fisco. Las gestoras boutique que colaboran con bancos privados comercializan ya fondos tokenizados de deuda corporativa española con liquidez diaria y comisiones un 40% más bajas que sus equivalentes tradicionales.
Para rentas más agresivas, las oficinas patrimoniales emplean acuerdos de staking institucional en redes como Solana o Ethereum. La rentabilidad neta ronda el 6-8% anual y, al estar soportada por contratos de custodia cualificada, la responsabilidad legal recae en el proveedor, no en el inversor.