El aumento del precio en los nuevos contratos sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) llegó este miércoles al Parlamento de Andalucía en forma de pregunta oral al Gobierno. En una sesión cargada de tensión, la consejera de Salud y Consumo, Catalina Hernández Soto, defendió que los contratos actuales responden a “los precios de mercado” y puso como ejemplo el caso de Almería, donde el contrato de hemodiálisis ha subido por dos razones: “Hemos incluido la población del Poniente, pero es que además hay que tener en cuenta que tenemos más población con enfermedad renal crónica que necesita tratamiento renal sustitutivo”, afirmó.
La explicación llegó tras la dura intervención de la diputada socialista María Ángeles Prieto Rodríguez, quien acusó al Gobierno de Juanma Moreno de haber aprovechado la pandemia para “permitir el saqueo de nuestra sanidad pública”. Según denunció, durante la emergencia sanitaria “se enchufaron 1.500 millones de euros a la privada, saltándose la ley”, mediante contratos adjudicados “a dedo” y a precios superiores a los de los conciertos sanitarios vigentes.
“¿Por qué era más caro, consejera, salvar una vida en las clínicas de sus amigos que en las clínicas contratadas legalmente?”, espetó Prieto. La diputada denunció que en algunos contratos se llegaron a pagar “4.000 euros más por una sustitución de cadera, 1.000 euros más por cada implante de mama, y 34 euros más en cada resonancia”, sin que el Gobierno ofreciera explicaciones claras.
La intervención de Prieto fue especialmente virulenta, cargando contra lo que denominó una “trama del SAS”, que a su juicio está siendo encubierta desde el propio Ejecutivo. “Moreno Bonilla lo esconde, lo esconde. Y los andaluces tienen derecho a saber”, exclamó, asegurando que el presidente autonómico “tiene miedo a que se siga investigando 2022 y 2023” y que “están utilizando su mayoría absoluta para impedir que los andaluces conozcamos la verdad”.
“¿Mafia o democracia, consejera?”, preguntó directamente la portavoz socialista, acusando al Gobierno de cesar a interventores y atacar a la Cámara de Cuentas.
La consejera, por su parte, se limitó a responder sobre el contenido estricto de la pregunta y declinó entrar en el cuerpo a cuerpo político. Explicó que los precios de los nuevos contratos sanitarios se han incrementado por una actualización normativa y por ampliaciones de cobertura. “Antes teníamos la orden de tarificación de 1998, que se actualizó en 2023. Pues claro, si teníamos unos precios de 1998, evidentemente ahora es más caro”, argumentó.
En el caso de Almería, como en otras provincias, el incremento del coste se atribuye a una mayor demanda y nuevos servicios. “Si hablamos de contratos de hemodiálisis, por ejemplo, uno de los últimos, que fue el de Almería, claro, es más caro. ¿Por qué? Porque hemos incluido la población del Poniente”, reiteró Hernández Soto, y añadió: “Además hay que tener en cuenta que tenemos más población con enfermedad renal crónica que necesita tratamiento renal sustitutivo”.
También explicó que los contratos de limpieza han subido porque “hay siete hospitales nuevos y centros de salud nuevos”, y con más superficie que limpiar, también sube el coste. En la misma línea, indicó que se han incrementado los gastos en dietas hospitalarias, dado el alza generalizada del coste de los alimentos.
Pese a las duras acusaciones, la consejera insistió en que “lo que estamos haciendo es ser lo más eficiente posible para gestionar el dinero público” y pidió “responsabilidad para no difundir bulos y para no mentir”.
Este nuevo choque parlamentario, con un trasfondo claramente electoral, vuelve a poner el foco en la gestión sanitaria del Gobierno andaluz durante y después de la pandemia, con Almería como una de las provincias donde los cambios contractuales han tenido mayor impacto, especialmente por la ampliación de cobertura en el Poniente y el aumento de enfermedades crónicas como la renal. Una explicación técnica que no logra frenar la tormenta política.