Estos días hemos tenido conocimiento de la detección del virus del Nilo en mosquitos capturados en varios barrios de la capital almeriense, como Retamar-El Toyo y El Alquián. Esto ha llevado a la Junta de Andalucía a declarar el nivel de riesgo alto en todo el municipio de Almería y a intensificar la vigilancia y las campañas de prevención.
El contexto andaluz es especialmente preocupante debido a la experiencia del año pasado, cuando la provincia de Sevilla sufrió un brote importante con 152 infecciones y 11 muertes en toda España, la mayoría en Andalucía. El riesgo de transmisión no se limita a una sola zona, ningún municipio andaluz está exento del riesgo de circulación del virus, según las autoridades sanitarias.
Las críticas en el ámbito local, de todos los colores políticos, señalan una falta de respuesta contundente y coordinada del Gobierno de Moreno Bonilla. La Junta de Andalucía es la que declara las áreas de alerta y la que ha establecido la obligatoriedad de protocolos de actuación que tienen que elaborar todos los municipios. Sin embargo, la ejecución de medidas concretas, como las fumigaciones y el control de larvas, recae en los ayuntamientos, que no cuentan con apoyo económico y técnico para afrontar una crisis sanitaria de alcance autonómico.
Por ello, algunas diputaciones andaluzas han decidido colaborar, pero de manera muy dispar. La Diputación de Almería ha destinado 500.000 euros para la lucha contra el virus en la provincia, mientras que la Diputación de Sevilla ha invertido 6 millones de euros en su plan.
La situación actual en Almería y Andalucía justifica la alerta y la intensificación de las medidas de control, pero la experiencia del pasado nos permite augurar que el Gobierno de Juanma Moreno seguirá desaparecido ante un problema que cada día nos inquieta más.
En este sentido, resulta necesaria la coordinación a nivel autonómico y que este virus sea considerado por parte del Gobierno Andaluz como un problema de salud pública, asumiendo así una responsabilidad que hasta ahora está eludiendo. Hacen falta inversiones que permitan intensificar la vigilancia, el control vectorial y la comunicación con la ciudadanía, aspectos clave para minimizar el riesgo de transmisión y proteger a la población.